COMENZO PLAZO PARA PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS DEL IRPF y EL IASS: Desde el pasado 4 de mayo y hasta el próximo 30 de junio comenzó el plazo para que los contribuyentes del IRPF y el IASS presenten ante la DGI su declaración jurada anual. Deberán presentarla quienes tengan más de un ingreso por rentas del trabajo o jubilación cuyo monto nominal supere los $ 282.030 en 2008; los trabajadores independientes; los pasivos con más de una renta (cuya suma supere los $ 282.030) y quienes hayan obtenido rentas por arrendamientos y no fueron objeto de retención. Recordar que la multa por presentación fuera de plazo asciende a $ 130. Se pueden presentar y abonar ante los locales de ABITAB, Red Pagos, CorreoBanc y Banco Comercial.
PROBLEMAS ENTRE EL INAU Y LAS SECCIONALES POLICIALES PARA ALBERGAR A MENORES INFRACTORES: A principios de semana los cuatro jueces de menores intimaron al Directorio del INAU para que saquen a 21 menores de comisarias en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de denunciar penalmente al INAU por desacato. La intimación se fundó en los informes realizados por el Ministerio del Interior sobre los inconvenientes causados por los menores en las comisarias donde están alojados (Seccionales 7ª, 5ª derivados luego a la 19ª,13ª y 14ª). La permanencia en las seccionales policiales provoca además, según el informe, riesgos para la salud e higiene de los menores, y se habrían producido inconvenientes con la alimentación de los menores y comunicación con sus familias. Se está violando la legislación vigente al tener menores en comisarías dijo el Juez de menores Washington Balliva. Los menores no son asistidos por funcionarios del INAU y no es competencia de la Policía hacer el acompañamiento de los menores. Recordemos que los menores fueron derivados a las Seccionales Policiales tras la destrucción del Hogar Piedras el pasado 21 de abril. Frente a la intimación el INAU respondió sobre fines de ésta semana solicitando una prórroga de una semana para retirar a los menores de la Comisaría. Dicha solicitud será evaluada por los Magistrados de menores quienes resolverán la semana próxima.
CASMU, OTRA SEMANA CON VARIAS NOVEDADES: ENVIO AL SEGURO DE PARO, ELECCIONES DE AFCASMU Y RATIFICACION DE DENUNCIA PENAL: Con el apoyo de la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el CASMU resolvió el envío al seguro de paro de 75 funcionarios no médicos el día 7 de mayo y se prevé enviar a 145 funcionarios más en el correr del mes. A esto se agrega la no reposición de 200 de los 300 cargos que renunciaron ante la crisis. Con esto el CASMU llegaría al ahorro de $ 12 millones, necesarios para alcanzar la firma de un fideicomiso en 30 días, a los efectos de sanear las finanzas de la mutualista. La Junta Directiva resolvió además el despido de 5 funcionarios que abandonaron los CTI pediátricos y de adultos en las movilizaciones de AFCASMU. Se aplicaron asimismo sanciones de entre 7 y 14 días de suspensión a 64 funcionarios de los CTI por "falta grave" que se plegaron a las movilizaciones de AFCASMU pero sin abandonar su área de trabajo permaneciendo cerca de los pacientes. Para determinar los despidos se analizaron los legajos de los funcionarios. En el marco de la denuncia penal presentada por la Junta Directiva por la presunta configuración del delito de "omisión de asistencia", el Juez Penal Alejandro Guido iniciará el próximo martes 13, las indagatorias. A su vez el MSP puso en conocimiento del Juez Guido sus informes en los que detectó casos de presunta omisión de asistencia. El pasado viernes se realizaron las elecciones del sindicato de trabajadores del CASMU, donde estaban habilitados para sufragar unas 10.000 personas mediante voto secreto.
PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR FORMA DE CONTRALOR DE LAS FIRMAS POR LA CORTE ELECTORAL: El pasado jueves 7 de mayo el Senado, con mayoría frenteamplista, voto una exhortación a la Corte Electoral, pidiéndole que emplee el registro patronímico electrónico para verificar las firmas presentadas para someter a plebiscito la anulación de la ley de caducidad. El proyecto de ley no se aprobó en el Senado y se paso a la Comisión de constitución donde fueron convocados las autoridades de la Corte Electoral. Los ministros blancos y colorados entienden que no corresponde legislar en un tema que es de resorte interno del organismo. Los ministros frenteamplistas de la corte en cambio entienden que es correcto que el Parlamento legisle sobre la forma en que la Corte controlará las firmas, pero admitieron que se precisarían dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara por lo dispuesto por el art. 77 de la Constitución que exige mayorías especiales para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte.
CASO NIN NOVOA. LLAMADO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL PRESIDENTE DE LA SCJ POR FILTRACIONES A LA PRENSA: El pasado jueves 7 de mayo trascendió que el Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, llamó al Presidente de la SCJ Jorge Larrieux para protestar sobre las filtraciones a la prensa que se estaban sucediendo en el expediente penal, en el que mantiene la calidad de testigo, a consecuencia de la denuncia presentada por el Senador Julio Lara. El expediente actualmente se encuentra en vista fiscal a los efectos de que la Fiscal Mónica Ferrero defina si pide el procesamiento del Vicepresidente o el archivo de las actuaciones. Llama poderosamente la atención la forma en que el Vicepresidente Nin Novoa comunicó su malestar con el Poder Judicial, siendo que debería haberlo manifestado directamente ante la magistrada actuante en el caso (Fanny Canessa) y no ante la máxima autoridad del Poder Judicial (el Presidente de la SCJ, Jorge Larrieux) ya que podía entenderse dicha actitud como una forma de "bajar línea" e "imponer presión" a la magistrada actuante en el caso.
PROYECTO DE LEY PARA REPARACION A VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO: El Poder Ejecutivo presento un proyecto de ley para la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, proponiendo indemnizar "por única vez" con un monto de U$S 40.000 a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados por agentes del terrorismo de Estado, pero no incluye reparaciones para ex presos y exiliados. También plantea para las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, un resarcimiento de aproximadamente U$S 20.000 y para los niños que hayan permanecido desaparecidas por más de 30 días, unos U$S 30.000. En el proyecto se reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho durante la dictadura militar (del 27/6/973 al 28/2/985). Asimismo reconoce la responsabilidad del Estado en "la práctica sistemática de la tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido entre el 13/6/968 al 26/6/973, marcado por la aparición de las Medidas Prontas de Seguridad". El proyecto de reparación plantea también apoyos sanitarios y técnicos para la rehabilitación de las víctimas del terrorismo de Estado, previendo la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica, farmacológica en forma gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional de Salud. Desde la oposición ya se levantaron voces, en especial el diputado Daniel García Pintos, por considerar que el proyecto no incluye la reparación para familiares de las víctimas de los grupos guerrilleros, como había anunciado el Presidente Tabaré Vázquez al Parlamento en 2007 que sería el Proyecto original.
CASO PINI c/ PRATO, FISCAL PIDIO ARCHIVO DE LA CAUSA: La Fiscal Mónica Ferrero entendió que no hay méritos para continuar la investigación presentada por el ex juez de Aduanas, Gustavo Pini, contra el director de Aduanas, Ricardo Prato, a quien acusó ante la Justicia Penal de ocultarle información sobre los slots arrendados por la IMM durante la gestión de Bengoa. A consecuencia del dictamen fiscal la Dra. Graciela Gatti posiblemente procederá al archivo de la causa.
CASO CASINOS IMM: El fiscal Diego Pérez pidió a la jueza Fanny Canessa el levantamiento del secreto bancario y la apertura de las declaraciones juradas de Mariano Arana (ex intendente de Montevideo), María Julia Muñoz (ex secretaria general de la comuna y actual Ministra de Salud) y Alberto Roselli (ex Director de Desarrollo Económico del municipio), para determinar si existe responsabilidad de los mismos en la causa que indaga las pérdidas de los Casinos de la comuna capitalina. Asimismo la fiscalía solicito que se vuelva a interrogar a la Arquitecta Cecilia Agos quien en el año 2002 dirigió las obras de refacción de la sala del Casino Parque Hotel los que fueron realizados con aportes de empresas a las cuales la comuna arrendaba los slots (por una suma cercana a los U$S 280.000). La refacción se habría realizado sin que se registre en forma clara el dinero que se destino a tal fin y sin la existencia de planos de las obras.
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