UMISSA, ANTONINI WILSON: La fiscal Mónica Ferrero solicito a la Juez Penal, Fanny Canessa, una serie de declaraciones y pericias contables sobre los negocios de la empresa Umissa, empresa que vende casas prefabricadas al gobierno de Venezuela, y personas vinculadas a ese emprendimiento. Según la denuncia penal presentada por el padre de Franklin Durán (detenido en EEUU acusado de espionaje para el gobierno venezolano) personas cercanas a UMISSA pagaron los abogados del empresario Antonini Wilson (el hombre de la valija de los U$S 800.000) en EEUU, cosa que habría sido ratificada por el empresario de la valija en el juicio tramitado en Norteamérica. El denunciante acusa al empresario Antonini Wilson y otros integrantes de la empresa UMISSA de desviar fondos que él había aportado a la empresa. La Juez Canessa informó a la DGI y al BCU de diversas irregularidades en balances, facturas, giros de efectivo y movimientos de dinero sin justificación ni respaldo contable de UMISSA.
CRITICAS AL PROYECTO DE LEY DE ABREVIACIÓN DE JUICIOS LABORALES: En la Comisión de Constitución del Senado la Dra. Cristina Mangarelli (grado cuatro en derecho laboral) realizó varias críticas al proyecto de ley de abreviación de los juicios laborales. Si bien coincidió en la necesidad de abreviar los juicios laborales, que actualmente demoran en promedio un año y medio pero pueden llagar hasta cinco años, rechazó alguna de las soluciones propuestas. En especial rechazó que la ley de un tratamiento diferente a la ausencia en la audiencia preliminar en cuanto dispone que si no concurre el empleador pierde el pleito, y si no concurre el trabajador se archiva el expediente. Critico el hecho de que en el proyecto de ley no se da importancia a la conciliación previa dado que habilita a recurrir directamente ante la Justicia si el trámite administrativo ante el MTSS demora más de 30 días o si se trata de juicios de menor cuantía (previstos hasta la sumad e $ 81.000), argumentando que con ello habría un aumento significativo de los litigios. Asimismo manifestó que la reducción de los plazos previstos reduce las garantías provocando que los juicios se tutelen de forma menos eficaz. El texto establece que las excepciones se contesten en 3 días, el plazo para apelar se reduce a 5 días, el plazo para el dictado de sentencia se reduce a 20 días, el plazo para contestar la demanda se reduce a 10 días. Para poder apelar se prevé que el demandado deba depositar el 50% de la condena, norma que sería inconstitucional.
EL CAU EVALUA PLANTEO ANTE LA SCJ POR MALTRATO DE LOS JUECES A LOS PROFESIONALES: Ante la presentación de varias denuncias por parte de los profesionales integrantes del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) por maltrato y actuación en forma autoritaria ante los abogados, el CAU evalúa plantear dicha situación ante la SCJ. El motivo de mayor preocupación radica en que esas actitudes de los magistrados tienen lugar durante las audiencias y frente a los clientes. El directivo del CAU, Hoenir Sarthou, expreso que no se puede permitir que se descalifique al abogado frente a su cliente. Según la Dra. Cristina Cabrera, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la preocupación que se ha planteado de parte de algunos colegas magistrados es que no se desvirtúe el principio de autoridad y que no se confunda ese concepto con autoritarismo, porque los jueces tienen que dirigir las audiencias. Expreso asimismo que son dos cosas diferentes y no se puede confundir el rol de dirección de los procesos que tienen los jueces con maltratos o desviación de poder, hechos que en caso de que ocurran, deben denunciarse.
CASO DENUNCIA PENAL CONTRA FUNCIONARIOS DEL CASMU:
En el marco de la denuncia penal tramitada ante el Juzgado Penal de 20º Turno, a cargo de Alejandro Guido, presentada por la Junta Directiva del CASMU por la presunta comisión del delito de "omisión de asistencia" ya han declarado 48 de los 60 funcionarios denunciados, que habrían abandonado los puestos de trabajo resintiendo varios sectores de los servicios de salud de la mutualista. Los funcionarios habrían alegado en la indagatoria que el abandono de sus puestos de trabajo se encuentra amparado en el derecho de huelga, motivo por el cual no se habría configurado el delito. Luego de que declaren todos los funcionarios denunciados las actuaciones pasaran en vista fiscal a los efectos de que se determine si corresponde realizar más indagatorias o incorporar más prueba, pedir el procesamiento de alguno de los denunciados o disponer el archivo de la causa.
VAZQUEZ VETO LEY SOBRE ACCIDENTES CAMINO AL LUGAR DE TRABAJO: El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, vetó la ley que consideró accidente laboral todo incidente que se produce camino al lugar de trabajo, por entender que la misma es inconveniente porque su cobertura es de muy difícil administración y encarecería el seguro de forma notoria. Para poder levantar el veto los legisladores deberán convocar a la Asamblea General antes de 30 días y mantener la ley con los votos de tres quintos de los miembros presentes.
CASO PET, EL MSP INICIARA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA:
A consecuencia del recurso administrativo presentado por CONATEL, la Ministra María Julia Muñoz dispuso el inicio de una investigación administrativa en relación al llamado de precios realizado por el Centro Uruguayo de Imageneología Molecular (CUDIM) para la compra de equipos PET, los cuales fueron adjudicados a la empresa General Electric. Conatel en su recurso denunció vínculos entre el Director del Cudim, Henry Engler, y General Electric. En cuanto a la denuncia penal presentada por CONATEL la Dra. Graciela Gatti ya recibió la documentación sobre el proceso licitatorio que había requerido al CUDIM, al MSP y a CONATEL, aunque por el momento no se ha interrogado a ninguna persona.
BANDERA EN EL PABELLON NACIONAL: El Juez Gabriel Ohanian, titular del Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado, espera que el fiscal del caso se expida sobre la conducta de los dos militantes del Partido Comunista que el pasado sábado izaron la bandera comunista en la plaza San Fernando. En tanto una propuesta de la Edil Magdalena Zumarán, alcanzó los votos necesarios para llamar a Sala al intendente Oscar De Los Santos por éstos hechos.
CASO NIBIA SABALSAGARAY, SEGÚN DICTAMEN DEL FISCAL DE CORTE, LA LEY DE CADUCIDAD ES INCONSTITUCIONAL: El Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, se pronunció a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, en el caso que indaga la muerte de Nibia Sabalsagaray, por ser incompatible con pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Uruguay. El Fiscal de Corte señala que el art. 1º de la ley de Caducidad, que establece que "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado" respecto de los delitos cometidos por militares y policías hasta el 1º de marzo de 1985, no implicó una amnistía, porque se hubiera recurrido a esa figura prevista en la Constitución, por lo que se trató de buscar una fórmula que evitara una verdadera crisis institucional". Ese artículo sería inconstitucional porque la Constitución establece que el Juez es el único representante legítimo del Poder Judicial con facultades para disponer o no la indagatoria. En cuanto a los arts. 3 y 4 de la ley de Caducidad, el fiscal se pronuncia por su inconstitucionalidad por cuanto representan una violación al principio de separación de poderes y una injerencia indebida de un Poder del Estado en asuntos que son de plena y absoluta competencia de otro Poder de igual rango. Expresa respecto de éstos artículos que los mismos fueron derogados parcial y tácitamente por la ley 18.026 que tipificó en nuestro país los crímenes previstos por la Corte Penal Internacional como ser la "desaparición forzada de personas" y el "homicidio político".
No hay comentarios:
Publicar un comentario