CORTE ELECTORAL VALIDO LAS FIRMAS Y HABRA PLEBISCITO PARA ANULAR LEY DE CADUCIDAD: Luego del control de rutina, y con la discusión planteada en cuanto a si en caso de discordancia entre el número de credencial y el nombre de la persona, debía acudirse al registro patronímico o no contar la firma, la Corte Electoral dispuso que la anulación de la Ley de Caducidad sea planteada en ocasión de las elecciones nacionales de octubre. La Asamblea General contará ahora con plazo hasta el 28 de julio para plantear un proyecto alternativo que pueda ser plebiscitado en octubre. Habrá una única papeleta por el "Si" para anular la ley de caducidad, no habiendo papeletas por el "No". Para que se pueda reformar la Constitución es necesario el 50% de los votos más uno de los votos válidos, unos 1.100.000 sufragios, a los efectos de incorporar a nuestra Carta Magna una disposición transitoria y especial que anule los arts. 1 a 4 de la Ley.
PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD FRONTERIZA INGRESO AL PARLAMENTO:
El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley que crea una "zona de seguridad fronteriza" de 20 kilómetros en la que sólo podrán ser propietarios de tierras las personas jurídicas estatales y personas físicas uruguayas. Las personas extranjeras tendrán que tramitar la nacionalidad uruguaya -en los plazos que se establecen- y en el caso de ser empresas tendrán que figurar con acciones nominativas o podrán optar por las excepciones marcadas en la ley de Sociedades Anónimas para las que coticen en Bolsa. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, dijo que Uruguay debe hacer un "blindaje fronterizo" para "preservar los movimientos, evitar el contrabando, las movilizaciones ilegales, porque junto con eso pueden venir riesgos que ya vinieron en los últimos años" y puso como ejemplo a la aftosa que "entró por la frontera seca (con Brasil) y por la frontera fluvial (con Argentina)". En la reglamentación de la ley quedará establecida exactamente la franja en la que se extenderá el control porque procurarán que una propiedad no quede dividida en dos partes. Además de limitar la tenencia de tierras, el proyecto de ley propone la creación de un registro de la propiedad, de los predios y de las actividades a través de declaraciones juradas para todos los establecimientos que están en la zona de seguridad.
PRESIDENCIA Anula multas a 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", AUNQUE PROSIGUEN DEMANDAS CIVILES:
El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, revocó una sanción impuesta en 2005 a un grupo de 17 laboratorios por "abuso de posición dominante", que había sido impuesta por la Dirección General de Comercio (DGC), dependiente del MEF, por no permitir el ingreso al mercado de una droguería que impulsó un nuevo sistema de descuentos.
La sanción se había aplicado a consecuencia de una denuncia presentada por la droguería Marbury SA, que comenzó a operar en octubre de 2003, y que promovió un mecanismo de rebajas de hasta el 45% en el precio al público de los medicamentos con receta. Ese sistema, denominado Cyberfarma, era más beneficioso que el utilizado por los 17 laboratorios (12 nacionales y 5 internacionales), los que junto a la mayoría de las empresas que operan en nuestro país, integran la firma "Farmadescuento", que mediante rebajas en los precios de lista, ofrece quitas de hasta el 20% que las farmacias trasladan a los clientes. Ante la aparición del nuevo competidor, Farmadescuento habría obligado a las farmacias a elegir entre ese sistema y el de Marbury, que apenas manejaba el 10% del total de medicamentos genéricos que se ofrecen en plaza. Los laboratorios también acordaron no vender sus productos a la nueva droguería, la cual se quedó sin proveedores ni clientes, por lo que cerró en abril de 2004. Esa actitud, según la DGC y el MEF, hizo que los laboratorios incurrieran en "abuso de posición dominante", figura prevista en la legislación sobre la "Defensa de la Competencia".
La decisión oficial de sancionar a los laboratorios que fuera revocada por Vázquez, está siendo analizada por el TCA, el cual debería confirmar o anular la multa dispuesta por la DGC y que fuera ratificada en su momento por el ex ministro de Economía Danilo Astori. La Fiscalía de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció a favor de la legalidad de la sanción, y se espera que el fallo del TCA se conozca en los próximos meses, dijeron fuentes vinculadas al caso.
A su vez, ante la Justicia Civil, se está tramitando una demanda de Marbury, en la que reclama a los laboratorios de Farmadescuento una indemnización por "daños y perjuicios" y "lucro cesante" por casi US$ 8 millones. Mientras, en otro juzgado, un grupo de farmacias que denunció presiones de parte de los laboratorios, está desarrollando otro juicio donde se reclaman otros US$ 2 millones.
Piden la libertad de Yern y Sumasi:
El juez penal de 4° Turno, Eduardo Pereyra, estudia el pedido de libertad provisional para los contratistas Edward Yern y Luis Sumasi, quienes fueran procesados con prisión acusados de financistas de embarques de droga de una red desarticulada por la Operación Cancerbero el año pasado. Los pedidos de libertad fueron presentados al fiscal Fernández Dovat por la defensa de los procesados y el fiscal expresó su conformidad. De todos modos, la excarcelación de Yern y Sumasi debe ser resuelta por el juez Pereyra en un plazo no mayor a los 45 días.
CASO CASINOS MUNICIPALES:
El fiscal penal Diego Pérez, pidió a la jueza Fanny Canessa la citación de Mario Areán, ex secretario privado del ex intendente y actual senador Mariano Arana, para interrogarlo en el expediente que investiga las irregularidades en los casinos municipales entre los años 2000 y 2005, caso por el que fueron procesados el ex director de la repartición Juan Carlos Bengoa y otras cuatro personas. La solicitud del fiscal se debe a que Bengoa aseguró ante la sede judicial que Areán intervino en varias negociaciones que la comuna desarrolló con operadores privados de casinos. Bengoa declaró que por orden del entonces intendente Mariano Arana, su secretario privado participó directamente en el proceso de apertura de la sala de Hotel Oceanía, en cuya sala se instalaron varios slots que provocaron pérdidas para la comuna. Sin embargo, en un careo realizado en el pasado mes de marzo entre Arana y Bengoa, Arana dijo que no recordaba haber dado esa orden a su secretario privado.
Asimismo el Fiscal Diego Pérez solicitó la realización de un careo entre Arana y Muñoz, en virtud de la existencia de varias contradicciones en sus declaraciones en el juzgado. Los principales elementos que presentan dudas al fiscal, es que en su testimonio, Arana dijo que estaba al tanto del déficit que arrojaban las salas de juego municipales, mientras que Muñoz aseguró que las máximas jerarquías no tenían información al respecto, ya que el asunto era manejado exclusivamente por Bengoa, quien se desempeñaba como director de la repartición.
Por otro lado, las defensas de Juan Carlos Bengoa, Orestes González, José Luis Antúnez y Felipe Ruiz, todos procesados con prisión por éste caso, estaban a la espera de la resolución a dictarse por el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, el cual deberá pronunciarse sobre la excarcelación del funcionario municipal Gustavo Dalmonte -a quien le fue imputado el delito de menor gravedad- para luego solicitar ese beneficio para sus defendidos. La jueza Canessa le otorgó la libertad, pero el fiscal Diego Pérez apeló esa decisión.
POR ABUSO DE FUNCIONES, PROCESARON CON PRISION A IRINEU RIET CORREA:
El pasado miércoles fue procesado con prisión por un delito de abuso de funciones Irineu Riet Correa, dos veces Intendente de Rocha. La defensa del procesado, a cargo de Fernando Doutur anunció que apelará el fallo. La fiscal del caso, Gabriela Sienra, había solicitado el procesamiento tras las investigaciones que estaban en curso por diversas denuncias por hechos acaecidos en la última administración Riet, quien se proclamó precandidato presidencial para las internas del 28 de este mes por el Partido Nacional. El procesamiento se basó en un fideicomiso aprobado por el hoy procesado, pero que nunca se concretó, que consistía en traspasar a privados el cobro de créditos municipales a cambio de diferentes obras en la comuna; así como por pagos de viáticos a funcionarios municipales, considerados excesivos, como forma de compensación, para quienes estaban al servicio de los planes coordinados entre el Instituto Nacional de Alimentación y la Intendencia en la distribución de las canastas de alimentos y por la esponsorización de empresas en la costa del balneario La Paloma tras un llamado a empresas sin la licitación correspondiente.
El abogado defensor de Riet, destacó que en el fallo "se reconoce que no hubo perjuicios económicos para la Intendencia, ni enriquecimiento ilícito" del ex intendente. La apelación sostendrá que es equivocada la apreciación de la prueba en el caso y que esta fue, "un exceso del magistrado" lo que "se demostrará en la apelación". Asimismo afirmó que el delito de abuso de funciones, es un "delito abierto, una figura del código Rocco de la década de 1940, cuestionado por la gran mayoría de los juristas de nuestro país" y recordó que hay un proyecto de ley para modificarlo porque, como esta formulado "se presta a cualquier arbitrariedad".
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