CASO CLANIDER, HOSPITAL MACIEL:
Desde fines de la semana pasada, la polémica por el acuerdo mediante el cual el director del Hospital Maciel, Daniel Parada, acordó con la empresa Clanider S.A. la devolución de casi 3 millones de pesos que sobrefacturó por la tarea de limpieza, se instaló como un claro tema de debate en el marco de la campaña electoral. Ese "desfasaje", como lo definió el director del hospital, Daniel Parada, fue laudado mediante un acuerdo firmado en abril de este año con la empresa de limpieza, por el cual se devolvía la sobrefacturación en horas de trabajo y no en efectivo. El acuerdo fue realizado sin ser notificado al directorio de ASSE, que determinó una auditoría interna y una investigación administrativa al enterarse de la situación.
A raíz de las irregularidades constatadas, ASSE separó del cargo e inició un sumario administrativo a la administradora del Hospital, Lucía Zagía, responsable de controlar la cantidad de horas trabajadas y facturadas por la Clanider, que a sus empleados paga $ 50 siendo que al centro asistencial le cobra $ 132 por cada hora de tarea realizada. Asimismo se constató que, además de la sobrefacturación de horas de trabajo, Clanider también cobró por la tarea de los supervisores, lo cual no estaba previsto en el pliego de condiciones. La semana pasada declaro ante las autoridades de ASSE que están realizando el sumario el Director del Hospital Daniel Parada
ASSE había intimado a Clanider a que pague $ 1.400.000 por concepto de una garantía prevista en el pliego original como garantía, previo al ingreso a la licitación, bajo apercibimiento de rescindir el contrato. Clanider realizó el pago el martes pasado, continuando vigente en consecuencia el contrato que la une con el Maciel.
A nivel judicial, la jueza en crimen organizado Graciela Gatti, recibió de las autoridades de ASSE toda la documentación vinculada al caso. Se estima que en los próximos días le dará vista a la fiscal Ferrero, a los efectos de que se pronuncie en cuanto a la investigación a seguir. Recordemos que la magistrada había iniciado de oficio la investigación cuando los hechos tomaron notoriedad pública.
A su vez el Tribunal de Cuentas está realizando un informe respecto a las compras y contrataciones del Hospital Maciel. En la sesión del miércoles pasado en el Tribunal el auditor encargado de la investigación informó que las responsabilidades más importantes en el caso recaen sobre el subdirector del Hospital, Óscar Gianneo, y en la administradora, Lucía Zagía.
CASO JUAN MARIA BORDABERRY: La fiscal Ana María Tellechea solicitó a la Dra. Mariana Mota una condena de 45 años de prisión contra el ex dictador Juan María Bordaberry, tras imputarle nueve delitos de "desaparición forzada", dos delitos de "homicidio muy especialmente agravado" y también el ilícito de "atentado a la Constitución" a raíz del golpe de Estado ocurrido el 27 de junio de 1973. Tellechea pidió que Bordaberry sea penado con el máximo previsto en el Código Penal: 30 años de prisión. Además, le computó otros 15 años en función de la "peligrosidad" del ex dictador, por lo que el total de la condena pedida por la Fiscalía asciende a 45 años.
Recordemos que en diciembre de 2006 la Dra. Gatti procesó a pedido de la fiscal Tellechea a Bordaberry como responsable de diez delitos de homicidio. Ahora la fiscal modificó la imputación original por considerar que surge plenamente probado que en el período que va desde el golpe de Estado hasta que Bordaberry es destituido por los militares, se produjeron centenares de desapariciones y fallecimientos a consecuencia de las torturas efectuadas por quienes estaban al frente del proceso dictatorial. En cuanto al delito de atentado a la Constitución, por el cual la fiscal también solicitó el procesamiento, argumenta que Bordaberry es responsable del golpe de Estado de 1973 que dio origen a todos los crímenes cometidos durante la dictadura.
La Dra. Gatti había desestimado la imputación por el atentado a la Constitución, por entender que el mismo había prescripto, no incluyéndolo en el auto de procesamiento de Bordaberry, que desde enero de 2007 con prisión domiciliaria a causa de varias complicaciones pulmonares que lo aquejan.
Bordaberry enfrenta otro proceso judicial, a cargo del Juez Roberto Timbal, por su presunta responsabilidad en los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976. Este proceso se encuentra paralizado a la espera de que Estados Unidos envíe una serie de documentos solicitados hace varios meses. Luego, el expediente pasará a la Fiscalía para que Guianze realice su acusación.
MUNICIPALES INICIARON JUICIOS MILLONARIOS CONTRA LA COMUNA CAPITALINA: La intendencia de Montevideo enfrenta dos juicios millonarios, promovidos por unos 8.200 trabajadores (según estimaciones de ADEOM) en reclamo de ajustes salariales no aplicados durante la gestión de Arana más la ampliación del seguro de salud, y 5.000 empleados que exigen el pago de la retroactividad durante tres años de la gestión de Ehrlich. En el convenio firmado con el Sindicato el 23 de octubre pasado, la Intendencia colocó una cláusula que beneficiaba a los trabajadores con el cobro de $ 12.400, a cambio de la renuncia al cobro de la retroactividad, pero dicha cláusula según entiende el Sindicato no abarcaba los aumentos de la gestión de Arana.
ACUERDO SALARIAL EN EL SECTOR LACTEO: Transcurrido casi un año desde que comenzaron las negociaciones, el pasado 27 de julio, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) suscribieron el convenio que fija los aumentos salariales hasta el 31 de diciembre de 2010. A diferencia del resto de los grupos de actividad, cuyos convenios salariales vencieron a mitad del año pasado, el sector lácteo tenía un acuerdo vigente hasta diciembre del año pasado, y por ello venía desfasado del resto. Tras la firma del reciente acuerdo colectivo, el sector lácteo terminará junto al resto de los grupos. El acuerdo suscripto fija ajustes semestrales, abarcando a unos 4.000 trabajadores, y se prevé una recuperación salarial del 2% al final del período. Se establece además el pago de dos partidas por única vez: una en agosto que hará efectivo un 0,5% retroactivo a enero pasado y otra del 1% que se abonará en septiembre de 2010.
Se prevé asimismo que al final del período se aplicará un correctivo en función de la diferencia entre la inflación proyectada y el IPC, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del próximo año. Además, el sindicato destaca la inclusión de una cláusula por la cual las empresas otorgarán a sus empleadas "una hora adicional remunerada por concepto de lactancia" a partir del próximo 1º de enero. Esta mejora se aplicará aunque en cada empresa existen acuerdos diferentes respecto a la cantidad de horas para amamantar concedidas a las funcionarias.
FALLO RELATIVO AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR MSP: El TAC 6° revocó una resolución de la Juez Lilián Morales que había ordenado la suspensión de la entrega de un costoso medicamento oncológico a una paciente, hasta tanto la Sala no confirme o revoque la resolución de primera instancia que obligó al MSP a brindarle el tratamiento. El mes pasado, actuando como subrogante, el juez Pablo Eguren dio la razón a la reclamante condenando al MSP a entregarle la medicación que necesita para combatir un cáncer que padece desde 2007. En su sentencia, el Juez Eguren dispuso que el medicamento a proporcionar (Lapatinib) sea incluido por el MSP en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.
Pese a lo dictaminado por el Dr. Eguren, la Juez Morales, que tiene a su cargo el caso, resolvió hace dos semanas que hasta tanto el Tribunal de Alzada no se pronuncie en relación al fallo dictado por su colega, no se le brinde el tratamiento. Pero el Tribunal revocó el dictamen de la Dra. Morales y confirmó lo dictaminado por el Dr. Eguren, estableciendo que el MSP debe otorgar la medicación que necesita la demandante, sin que ello implique un pronunciamiento de la Alzada respecto al fondo del asunto.
CIENTOS DE FUNCIONARIOS DEL SENADO INICIARON RECLAMO POR EQUIPARACIÓN SALARIAL: Trescientos funcionarios de la Cámara de Senadores (afiliados a la Asociación de Funcionarios de la Cámara Alta) iniciaron una demanda contra la Cámara Alta en reclamo de una equiparación salarial con sus pares de Diputados, que perciben remuneraciones un 20% superior. El pasado martes se realizó la audiencia preliminar ante la Juez Alicia Álvarez, quien subroga al magistrado Pablo Eguren al frente del juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno. En la audiencia la Juez aceptó dar curso a la demanda, luego de desestimar las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa antes de presentar la demanda ante la sede judicial. El abogado Renzo Gatto, del estudio jurídico Gatto & Cúneo, que representa a los funcionarios parlamentarios, explicó que los asesores legales del Senado anunciaron que apelarán la decisión de la jueza Álvarez de dar curso a la demanda, por lo que el proceso quedará suspendido como consecuencia de ese recurso.
CONDENAN A LA IMM POR EXTRAVIO DE CUERPOS: La Justicia condenó a la Comuna capitalina a resarcir económicamente a una familia que reclama un cuerpo "extraviado" en el Cementerio del Norte, por un monto de U$S 7.000. Los restos fueron entregados a otros deudos, y según denunció el tío del fallecido, intentaron "engañar" a su familia mostrándole el cadáver de una persona de avanzada edad. Según el escrito presentado, en la tumba donde debía estar el joven, había pañales geriátricos. La sentencia dictada por el Juez Eguren es del 5 de junio y la Intendencia aún no ha hecho efectivo el pago de la suma por la cual fuera condenada. En el juicio la intendencia no refutó el hecho de la pérdida del cuerpo sino que por el contrario expreso que una investigación interna comprobó el hecho, habiendo un funcionario del cementerio reconocido el error.
Por otra parte, la semana pasada se conocieron nuevas denuncias sobre casos similares en los cementerios Central y del Buceo. El edil Daniel Graffigna recibió dos nuevas denuncias por desaparición de cadáveres, que entregará la semana próxima "en mano" al intendente Ricardo Ehrlich. Además, el legislador departamental le proporcionará los nombres de dos "jerarcas de relativa importancia" que estarían involucrados en la venta ilegal de nichos y panteones, de los cuales uno de ellos trabaja actualmente en la oficina de Necrópolis del Palacio Municipal.
SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA JUEZ AIDA VERA BARRETO: Los Ministros de la Suprema Corte resolvieron iniciar una investigación administrativa a la Juez Aída Vera Barreto, a raíz de una serie de irregularidades constatadas en el trámite de la denuncia penal presentada por los hermanos victoria y Anatole Julien, en relación a los asesinatos de sus padres ocurridos en buenos aires en 1976. La Juez, que en abril pasado fue trasladada del Juzgado Penal de 20° Turno al Juzgado de Menores de 2° Turno, demoró más de un año en convocar a los hermanaos Julien para que ratificaran la denuncia. Ello motivó que el abogado denunciante, Pablo Chargoñia, presentara en febrero pasado una acción administrativa contra la jueza Vera Barreto acusándola de "omisión antijurídica" a raíz de la demora en el trámite de la investigación. La denuncia de Chargoñia permitió establecer que el expediente se había extraviado. Al ser consultada al respecto por la SCJ, Vera Barreto informó que no había asumido competencia en el caso y que lo había derivado a otro juzgado Penal.
Se designó a un ministro de un Tribunal de Apelaciones Penal para que instruya la investigación sobre la actuación de la magistrada, que por ahora no recibirá ninguna sanción.
CAMBIOS EN LAS AFILICIACIONES MUTUALES DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS: El pasado lunes el Presidente de la República firmo un decreto por el cual las personas mayores de 65 años deberán ser aceptados si quieren afiliarse a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) siempre que estén al día con la cuota del prestador del que pretenden egresar y aleguen que el cambio se debe a dos causas: porque se mudan de departamento o bien porque tienen dificultades geográficas para acceder a los servicios de la organización a la que pertenecen.
El MSP decidió regular el ingreso de las personas mayores de 65 años, estableciendo la obligatoriedad de aceptarlos si se cumplen las condiciones anteriormente mencionadas. A su vez, estableció que el requisito de examen previo no será obligatorio para estos usuarios. En caso de que la institución a la que ingresen decida realizarles un chequeo, la IAMC no podrá cobrarle importe alguno al usuario por los análisis clínicos, ni sus resultados afectarán los derechos asistenciales que le correspondan.
Por su parte, el presidente del Plenario de Mutualistas expresó que remitirán el decreto a los servicios jurídicos de la organización para su estudio. En una primera instancia, interpretó que la redacción de la norma, que señala que los nuevos afiliados mayores de 65 años tendrán los derechos asistenciales que les correspondan, implica que las mutualistas puedan seguir poniendo determinadas condiciones. Por otra parte, consideró que el decreto beneficia a los seguros privados de salud dado que los mismos no tienen limitantes para fijar condiciones para los ingresos. Entonces, si una persona va a hacerse socio y tiene 70 u 80 años le cobran por encima de la cuota.
AMPLIAN PLAZO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A EMPRESAS PROVEEDORAS DE AQUELLAS QUE TIENEN PROYECTOS DE INVERSION: El Ejecutivo otorgó a la DGI la facultad de dar "plazos especiales" para el pago de impuestos a aquellas empresas que sean proveedores de otras firmas que tienen proyectos de inversión recomendados por la COMAP para recibir exoneraciones fiscales, pero que aún no han sido aprobados por el Poder Ejecutivo. Cuando una empresa presenta un proyecto de inversión para obtener beneficios fiscales y el mismo es aprobado por el Ejecutivo, recibe certificados de crédito endosables, con los que puede pagar a proveedores.
El problema que se está dando, es que se incrementó fuertemente el número de proyectos presentados y hay inversores a los que les lleva hasta seis meses obtener la declaratoria de inversión promovida. Eso lleva a que los proveedores de esas empresas, no puedan obtener rápidamente los certificados de crédito con los que cancelan tributos ante la DGI. Por eso el gobierno faculta a la DGI a extender el plazo de pago a los proveedores de estas empresas cuando las inversiones de las mismas cuenten ya con el visto bueno de la COMAP y aunque no hayan sido aprobados por el Poder Ejecutivo. Esta facultad podrá aplicarse si hay promesa escrita por los certificados por un monto que cubra el pago de tributos generados.
PROYECTO DE LEY DE NEGOCIACION COLECTIVA: La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de negociación colectiva en el sector privado en la cual se incluyo, para muchos sorpresivamente, la famosa "cláusula de paz". Ésta cláusula prohíbe realizar medidas sindicales respecto de puntos acordados en los convenios colectivos. El nuevo artículo, establece que la cláusula "es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito". Su incumplimiento "puede dar lugar a la declaración de la rescisión del convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral". Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará al plenario del Senado donde se espera que reciba el visto bueno de los legisladores. Luego volverá a Diputados donde se resolverá si convalida el nuevo artículo.
Para las gremiales patronales, habrá que ver cuál es el alcance de la "cláusula de paz incluida en el proyecto de negociación colectiva, dado que si bien consideran que es un paso positivo, no es una manera de solucionar el problema, el hecho de que un juzgado laboral termine resolviendo ante el incumplimiento de la cláusula.
Por su parte, el Ministro de Trabajo Julio Baraibar expreso que "la negociación colectiva es un derecho humano fundamental", pero que "sin embargo hay un escándalo porque a algunos sectores totalmente politizados no les interesa tener esa ley de negociación colectiva". A su vez, cuestionó a "la mayoría de los empresarios criollos" porque piensan que "el trabajador y sobre todo organizado es un enemigo potencial".
BOTNIA, INFORME FAVORABLE A NUESTRO PAIS: La actividad de Botnia no ha modificado la calidad del aire de la zona, y los valores del agua continúan debajo de los límites establecidos, según el último informe de la Comisión de Seguimiento presentado la semana pasada. El canciller Gonzalo Fernández se mostró confiado de que el resultado ante la Corte Internacional de La Haya será favorable a Uruguay. Las audiencias en La Haya tendrán lugar entre la última semana de septiembre y el 3 de octubre.
El informe presentó los resultados del desempeño ambiental de la planta en su tercer semestre de actividad, comprendido entre noviembre de 2008 y mayo de 2009. Además de mostrar que la actividad de la planta no ha producido efectos que violen la normativa ambiental vigente, el estudio demostró una disminución en las cargas vertidas al agua, lo que conformo una mejora del desempeño ambiental en el tercer semestre respecto al primer año de operación de Botnia.
Por otro lado trascendió que el próximo 8 de septiembre OSE y Botnia llamarán a una licitación para construir un sistema para que las aguas residuales de Fray Bentos se incorporen a las aguas residuales de Botnia. De esta manera, el 100% de las aguas servidas de la zona que se vuelquen al río Uruguay estarán tratadas.
LICITACIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DE LA IMM: Pese a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, la Intendencia resolvió continuar con la licitación de los refugios peatonales en las paradas de ómnibus. El expediente será enviado a la Junta Departamental, como sugirió el TCR, pero no habrá marcha atrás en la adjudicación. El Tribunal de Cuentas había observado el hecho de que la concesión fuera por 12 años al consorcio Girola - Giralor S.A. escogido por la Intendencia en el llamado a licitación, ya que según se expresa en el dictamen se contraviene el principio de legalidad y atentan contra el criterio de razonabilidad, en tanto no surge que la sugerencia de adjudicación se ha realizado a favor de la oferta más conveniente. La empresa CBS - Heres (actual concesionaria), habría ofrecido en el llamado licitatorio un canon cinco veces superior, y que la propuesta de quién resultara adjudicatario dejará sin refugios al 45% de las paradas.
PROYECTO DE LEY DE REPARACION A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO: El Senado aprobó el proyecto de ley que establece un régimen de reparación económica y moral para las familias de las víctimas de la dictadura, la que, según estimaciones, costará cerca de US$ 17 millones. La iniciativa abarca a 34 personas desaparecidas en Uruguay, 106 en el extranjero, y unos cien fallecidos por sucesos ocurridos en dictadura.
El proyecto comprende a las víctimas de la dictadura entre el 27/6/973 y el 28/2/1985, pero no alcanza a los familiares de militares, policías y civiles muertos o lesionados en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos subversivos. La bancada del Partido Nacional intentó incluir en la reparación a 14 civiles y 18 militares y policías que murieron en esos choques, pero no tuvieron éxito.
Al hablar de reparación, esta iniciativa confirma algunas normas vigentes incluidas en la ley 18.033 de 2006, como la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios, y la fijación de un tope de ingresos para ser beneficiario que al día de hoy es de $ 29.000 mensuales, lo cual, en los hechos, deja fuera de las posibilidades de acogerse a ella a la mayoría de integrantes del gobierno y de la bancada oficialista de legisladores.
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