Fuente: Diario El País.
CASO HOSPITAL MACIEL. PROSIGUEN INVESTIGACIONES A NIVEL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL:
Mientras la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti tramita un expediente en relación a la sobrefacturación de CLANIDER S.A. (empresa encargada de la limpieza del Hospital Maciel), el caso continúa su curso en otros ámbitos con importantes derivaciones. El diputado blanco Jorge Gandini presentó ante la jueza especializada nuevas pruebas vinculadas a las irregularidades constatadas en el Hospital Maciel.
El BPS inició una investigación para determinar si Clanider SA -responsable de la limpieza del Hospital Maciel- evadió aportes previsionales, como consecuencia de la diferencia entre los empleados declarados y los que efectivamente desarrollan la tarea.
En tanto, un adelanto de la auditoría del TCR ratifica las irregularidades y cuestiona la falta de controles, señalando que entre los meses de mayo de 2008 y mayo de 2009, al Hospital Maciel se le facturaron horas de trabajo correspondiente a 1.628 empleados, cuando se habían declarado 1.338, es decir, 290 trabajadores menos. El informe del TCR atribuye esa diferencia a dos posibles situaciones: más personas que las declaradas por la empresa trabajaron en el Hospital Maciel; o la cantidad de funcionarios es la real, caso en el que se constataría una sobrefacturación al nosocomio. Por otro lado, la auditoría confirma que entre el 1° de mayo de 2008 y el 31 de mayo de 2009, la empresa facturó al centro asistencial 37.540 horas de trabajo por un total de $ 4.169.290 que, según el pliego de condiciones, debían correr por cuenta de Clanider. Los técnicos del TCR interrogaron al director del centro asistencial, Daniel Parada, en relación al convenio firmado el 2 de abril de 2008 por el cual el Hospital Maciel y Clanider SA pactaron que la empresa devolvería un total de $ 3.131.489. El jerarca dijo que, en principio, el tema estaba siendo analizado por el subdirector, Óscar Gianneo y la administradora Lucía Zagía. Su intención fue "recuperar" el dinero y que "no se corte" el servicio de la empresa, debido al proyecto socio-educativo que ofrece para sus empleados. Sin embargo, Zagía aseguró que no estaba al tanto de los detalles del acuerdo, y que recién tomó conocimiento de la situación luego de consultar a la abogada y al contador del centro asistencial.
Los auditores del TCR determinaron que no existen controles efectivos para verificar las horas de trabajo realizadas, así como tampoco un sistema para registrar las faltas del personal encargado de la limpieza. Zagía admitió que, por falta de personal, no sumaba ni controlaba el ingreso de los empleados de Clanider SA, por lo que el total se realizaba mediante un cálculo en base a las facturas presentada por la propia empresa. Gianneo sostuvo que el control de las asistencias las recorridas diarias por el centro asistencial eran responsabilidad de Zagía. Consultado sobre si quedaba constancia de la faltas del personal, el subdirector contestó: "No, no hay nada escrito que yo esté enterado".
CASO APLISER: VENTA DE LIBROS A VENEZUELA:
A pedido de la Justicia contra el crimen organizado, la DGI investiga la existencia de un posible caso de lavado de activos en las millonarias ventas de libros que la empresa Apliser SA realizó a Venezuela por montos altamente superiores a los costos de producción de los textos.
Apliser SA (creada en 2008) exportó a Venezuela entre diciembre del año pasado y febrero de 2009, 50 mil kilos del "set cartográfico" integrado por libro Técnicas de Ordenamiento Territorial, un cuaderno en blanco, un folleto y un mapa. La venta se realizó por unos US$ 32 millones cuando el costo de producción fue estimado US$ 500 mil, lo que llamó la atención de la Cámara de Industria, que dio cuenta de la operación al MEF.
La operación Apliser SA podría estar vinculada con una maniobra con el tipo de cambio en Venezuela, para usar el dólar preferencial que rige en ese país (a 2,14 bolívares por dólar) en el mercado negro (donde se cotiza a 6,35 bolívares). Incluso, el embajador de ese país en Uruguay, Franklin González, dijo el viernes pasado que en Venezuela se hacen "operaciones fantasma" mediante supuestas compras o ventas y utilizar el dólar preferencial para "hacer jugosos negocios".
El abogado defensor de Apliser, Dr. Jorge Barrera, expresó que "La operación se realizó en un marco de total legalidad" por lo que "no se vulneró ninguna norma jurídica ni en Uruguay ni en Venezuela". "Es una operación que evidentemente generó buenos dividendos para quien la realizó, pero tuvo lugar en el marco normativo que rige en Uruguay y Venezuela". Asimismo expresó que tampoco puede sostenerse que haya existido una maniobra mediante la utilización el doble sistema cambiario que se aplica en Venezuela. "No se violentó la Ley de Ilícitos Cambiarios de Venezuela; se actuó dentro de las normas para la importación que ese país determina".
EL FALLO DE LA DRA. GATTI EN EL CASO DE ANTEL:
La jueza Graciela Gatti, en el auto de procesamiento que dictó el día jueves pasado. realiza un acabado relato de cómo Elbio Javier Román Suárez llegó a ser admitido como adscripto al Directorio de Antel por una supuesta recomendación de Jorge Vázquez.
"... aprovechando la difusión pública relativa a un episodio vinculado a quien fuera vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera, por el que éste fuera en definitiva procesado por el delito de simulación de delito, el indagado: Elbio Javier Román Suárez… en los días en que tales hechos se habían hecho públicos, haciéndose pasar por el licenciado Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia de la República, se comunicó telefónicamente con el Sr. Arturo Fredy Terradas Lencina. En efecto, diciendo que era el premencionado Jorge Vázquez logró hablar por teléfono con Terradas, el que revestía como adscripto a la secretaría de Perera en Antel y cumple funciones actualmente como adscripto en la secretaría de otra Directora, Cra. Gladys Uranga. Es así que Terradas, creyendo que su interlocutor era Jorge Vázquez accedió a su pedido de recibir en Antel a una persona, Elbio Javier Román Suárez que Vázquez le enviaba para coordinar la custodia de Perera en Antel e investigar las eventuales irregularidades que Perera afirmaba estar investigando, por las que habría recibido amenazas.
De acuerdo a lo acordado, el 14 de julio, Román se presentó en Antel donde fue recibido por Terradas, quien sin exigirle documentos ni nada que lo identificara ni acreditara la derivación efectuada por el supuesto Jorge Vázquez, ni menos aún chequear con el verdadero Jorge Vázquez o su oficina, le franqueó el acceso al despacho de Perera. Luego, fueron juntos hasta el Juzgado de la Costa donde Perera estaba en ese momento detenido, oportunidad en que Román obtuvo información que demostraba, según los dichos de Carvalho, que sabía del tema y tenía contactos a nivel policial. Más tarde ese día, recogieron dos computadoras portátiles (laptops), propiedad de Antel, afectadas al uso por parte de Perera.
Al día siguiente, se le facilitó a Román el ingreso a las laptops de Perera así como a su despacho. A posteriori, ya estando Perera en libertad y cuando se encontraba en el domicilio de Terradas, que además de asesor en el ente era su amigo, se recibieron dos llamadas del falso Jorge Vázquez, es decir de Román, interesándose por Perera. La primera vez habló con Terradas y la segunda con Perera.
Posteriormente, Terradas fue nuevamente contactado por Román, haciéndose pasar por Vázquez, quien le planteó la conveniencia de que Román permaneciera en el cargo, para examinar las posibles repercusiones del "caso Perera", pero dado que Terradas no contaba con potestades para resolver este planteo, su interlocutor, (Román simulando ser Vázquez,) le dijo que en caso de duda Carvalho, Presidente de Antel, se comunicara con él al número que había proporcionado. Así lo hizo Carvalho, acordándose con el supuesto Lic. Vázquez, es decir, el indagado Román, que éste ingresaría como funcionario adscripto a la secretaría de la Directora Uranga lo que se concretó unos días después.
Ya designado como adscripto desde el 22 de julio de 2009, Román comenzó a trabajar en Antel, recibió vales por taxis, los que utilizó en su provecho, un adelanto por $ 6.000 que entregó a su esposa G. J. B. G. y el día de su detención, 1° de setiembre de 2009, acababa de cobrar su sueldo por la suma de $ 17.582.
En los primeros días de agosto Román solicitó una computadora portátil para su uso, y como se le indicó que debía hacerse la gestión a través del Lic. Jorge Vázquez en calidad de préstamo para la prosecretaría de la Presidencia, creó la nota apócrifa agregada en autos, falsificando la firma de Jorge Vázquez, hecho éste admitido por Román y corroborado por las declaraciones de Jorge Vázquez y la pericia caligráfica realizada.
Dado que las computadoras no fueron retiradas por la Prosecretaría de la Presidencia de la República, y al efectuarse comunicaciones entre Antel y aquella, por las vías oficiales regulares, se constató que la nota era falsa, formulándose denuncia policial conjunta por parte de Jorge Vázquez y Edgardo Carvalho.
Para reforzar su posición y evitar que desde Antel se contactara al verdadero Jorge Vázquez, Román suministró un número de teléfono celular, supuestamente reservado, que en realidad era de su esposa y él usaba habitualmente, donde en varias oportunidades y a solicitud suya, su esposa, atendió haciéndose pasar por la Secretaria de Jorge Vázquez..."
DENUNCIA CONTRA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA DE DURAZNO:
Abogados de presidencia de la república presentaron en el juzgado de durazno una denuncia penal contra el comité departamental de emergencia de dicho departamento, por el destino de los dineros enviados por el gobierno central como ayuda a los damnificados por las inundaciones del año 2007. El comité de emergencia está integrado por las principales autoridades locales y funcionarios de instituciones como el regimiento, brigada aérea, policía, policía caminera, bomberos y MSP.
Los instructores sumariantes comentaron que tomaron declaraciones a altos funcionarios de la intendencia, y se constataron graves irregularidades, por lo que se resolvió efectuar la denuncia penal Los ediles de izquierda Zulma Corbo, Eduardo O`Neill y María Argüello, denuncian que "aportes y donaciones no llegaron en su totalidad a quienes debían llegar en su momento". Por el incumplimiento del convenio suscrito entre la Intendencia y el MVOTMA para reparar viviendas afectadas por la crecida; eran dos partidas de $ 3.350.000; vino la primera y se usó en cualquier cosa, queremos que se determinen responsabilidades", dijo O`Neill.
Por su parte desde la Intendencia y el Comité de Emergencia se niegan las irregularidades en el manejo de fondos para evacuados. El ex intendente Vidalín también las niega y lo atribuye a una movida de campaña electoral.
Rodríguez y Rielli investigados primero y aludidos luego ante los medios por el instructor sumariante y asesor de la Presidencia, Eduardo Sellanes, dijeron que pasarán de "acusados, a acusadores" y consideran demandar al Estado. Afirman que la investigación administrativa dispuesta por el Presidente de la República el pasado mayo "está viciada de nulidad" y "viola la autonomía municipal".
DGI Y ADUANAS COORDINAN OPERATIVO POR VESTIMENTA:
La DGI coordinará un operativo con la Dirección Nacional de Aduanas DNA para realizar un "contralor" de mercadería de importación donde la DNA estime que se realizan a un valor muy bajo. Esta será la "etapa dos" de una fiscalización realizada en importaciones del sector vestimenta, donde la DGI reliquidó impuestos por $ 45 millones (unos US$ 1,9 millones).
Semanas atrás, la DGI realizó un operativo sobre 14 importadoras de vestimenta donde se detectaron diferencias entre los márgenes de ganancia declarados y los reales. Todo comenzó cuando la DNA dio aviso a la DGI sobre importaciones de vestimenta a muy bajo costo, en las que se podría configurar algún tipo de defraudación, esto es evadir el pago de impuestos intencionalmente. En colaboración con Aduanas, la DGI seleccionó empresas que hubieran importado artículos de vestimenta en un período cercano. Finalmente, se analizaron 14 empresas que constituyen el 50% de las importaciones de ese rubro en el lapso considerado.
Son firmas de dimensión mediana -no de primer nivel- tanto mayoristas como de venta directa al público. La gran mayoría de las importaciones de vestimenta de las firmas analizadas era de origen chino. Los inspectores de DGI que participaron del operativo recabaron datos sobre cuáles eran las existencias de mercadería importada en los últimos meses, a qué precios se había importado y a los precios que se comercializan. Se detectó que había "diferencias" entre lo que las empresas "tenían declarado como margen bruto de ganancia y el margen que surgía del análisis de los precios de importación y los de venta en plaza". Si bien la DGI no pudo probar una subfacturación en el mercado local (la mercadería se vendía al mismo precio promedio de plaza), sí se encontraron esas diferencias en los márgenes de ganancia que dieron lugar a una reliquidación del IRAE. En un caso, el margen de ganancia declarado por la empresa era de 15% y se encontró en el análisis con que en realidad alcanzaba al 115%.
PROYECTO DE LEY DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL: El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa oficial para la creación de un fondo de apoyo de US$ 40 millones para los gobiernos departamentales. Este fondo permitirá a las comunas acceder con libre disponibilidad en caso de dificultades económicas, y se distribuirá del siguiente modo: US$ 10 millones para la Intendencia Municipal de Montevideo y US$ 30 millones para las 18 comunas restantes. Este fondo solicitado por los jefes comunales estará disponible por un plazo de 10 años, según establece la ley. Una vez utilizado el dinero por parte de las intendencias, se deberá reintegrar al fondo para que otra comuna pueda utilizarlo.
En los próximos días, el Poder Ejecutivo promulgará el proyecto sancionado por el Parlamento.
LEY DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA: A mediados de 2010 comenzará la aplicación práctica de la ley de descentralización administrativa. Esta ley crea más de 120 municipios que estarán regidos por autoridades electas en las municipales de mayo de 2010, con un alcalde y concejales a cargo, que funcionarán en las poblaciones de más de 10.000 habitantes que no sean capitales departamentales. A su vez, en todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes, incluyendo áreas urbanas y rurales, se admitirá la creación de esos municipios pero a partir de 2015. En aquellas donde no se alcance el número mínimo de habitantes, las Juntas Departamentales podrán crearlos.
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