Fuente: Diario El País.
CASO BOTNIA: La semana que pasó se cerró en La Haya la segunda ronda de alegatos de Argentina y Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sus discrepancias sobre la instalación de la papelera Botnia. Argentina expuso sus alegatos el lunes y martes, mientras que Uruguay lo hizo los días miércoles y jueves. A partir de esta instancia, sólo queda esperar el fallo del Tribunal, que adoptará una resolución el año próximo.
En su exposición, la delegación Argentina reiteró que nuestro país violó el tratado del Río Uruguay y afirmó que habilitó el inicio de las obras en febrero de 2005 sin contar con estudios de impacto ambiental. Por la delegación argentina expuso el lunes la experta en derecho, Laurence Boisson, de la Universidad de Ginebra, quién afirmó que Uruguay violó el tratado, además, por no haber suministrado informaciones completas a Argentina, ni planteado otras localizaciones para la planta ni evaluar el impacto de la obra en las actividades preexistentes en el río, en especial, las turísticas. Otro expositor de la delegación Argentina fue el especialista en Derecho de la Universidad de París, Alain Pellet, quién también negó la existencia de un acuerdo previo entre ambos países para la construcción de la planta. El especialista francés dijo que ambos países sólo acordaron que se enviara información a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) pero no que se comenzaran las obras, agregando que en mayo de 2005 Argentina demando información sobre el proyecto lo que no fue respondido por parte de Uruguay. Dijo que el único acuerdo entre ambos países era el "desacuerdo".
El pasado martes Argentina solicitó la reubicación de la papelera en un sitio conveniente para ambos países. Según Pellet, la planta puede reinstalarse en un lugar del río donde sus residuos sean disueltos sin afectar el medio ambiente, aunque no dijo dónde.
CASO HOSPITAL MACIEL: Las autoridades de ASSE decidieron postergar tomar resolución de distintas medidas a adoptar en torno al caso del Hospital Maciel, que van desde la continuidad o no del director, la rescisión del contrato con Clanider SA y la presentación de una denuncia penal contra la ex administradora, hasta tanto concluya la investigación administrativa en curso, la que se encuentra dentro de los plazos legales.
La mayoría de los directores de ASSE coinciden en que la auditoría del Tribunal de Cuentas es contundente en cuanto a las responsabilidades que le caben al director del Hospital Maciel, Daniel Parada, al ex subdirector Óscar Gianneo y la ex administradora, Lucía Zagía. Sin embargo, desde el MSP, se mantiene la total confianza en los funcionarios cuestionados.
La auditoría confirmó que entre mayo de 2008 y mayo de 2009 la empresa cobró de más un total de $ 4.169.290, correspondientes a 37.540 horas de trabajo. A su vez, el Hospital Maciel abonó los sueldos del personal dedicado al proyecto socioeducativo que realiza cursos de capacitación para los empleados de la firma, aún cuando esos costos debían correr por cuenta de Clanider SA.
Por su parte, a nivel judicial, la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero esperan que tanto el Tribunal de Cuentas como ASSE remitan al juzgado las auditorías que confirman la sobrefacturación de $ 4.169.290 que equivalen a un total de 37.540 horas de trabajo. Recién cuando ASSE y el TCR cumplan con el requerimiento judicial, las magistradas estarán en condiciones de citar a las autoridades del centro asistencial para que brinden su visión de los hechos.
Asimismo trascendió la semana pasada que el diputado nacionalista Jorge Gandini aportó a la Jueza Graciela Gatti el nombre de una empleada de la empresa CLANIDER S.A. que concurría habitualmente a la casa de Zagía (administradora del Hospital) y de la madre de De Mello (suegra del Senador frenteamplista Fernández Huidobro), que a pesar de figurar en la nómina de trabajadores que debían desarrollar tareas en el Hospital Maciel no asistía al nosocomio, aunque de todas maneras cobraba su sueldo como si cumpliera esa función. Según los elementos incorporados al expediente judicial, se trata de un grupo de cinco o seis funcionarias de la empresa que eran trasladadas en una camioneta. Las trabajadoras de Clanider S.A. realizaban limpiezas periódicas "a fondo" en terminaciones de obra, un hotel de alta rotatividad y un colegio privado, cuyos datos fueron agregados al expediente judicial. Según la denuncia las tareas de limpieza a particulares y empresas privadas fueron cesadas por la empresa cuando a fines del mes de julio la constatación de la sobrefacturación de horas de trabajo al Hospital Maciel tomó estado público.
BPS SALIO A LA CAZA DE CLUBES DEPORTIVOS POR APORTES: El BPS saldrá en busca de los clubes deportivos morosos para recuperar deudas que en algunos casos consideran impagables. El presidente del organismo, Ernesto Murro, dijo que desde este mes, deportistas, ladrilleros de campo y artesanos comenzarán a hacer aportes personales para su jubilación y que el organismo promoverá la firma de convenios para que clubes deportivos de fútbol y básquetbol salden sus cuantiosas deudas. El BPS se comprometió a dejar inválidas las acciones judiciales que hubiere emprendido a causa de las deudas luego de pagada la primera cuota.
La semana pasada, de hecho, las autoridades del BPS se reunieron con 40 clubes de deportes entre fútbol y básquetbol para explicar las facilidades de pago establecidas por ley de forma de firmar convenios que permitan saldar dichas deudas. El 15 de septiembre pasado se aprobó la ley que permite regularizar la situación a los clubes e instituciones deportivas que mantengan deudas con el Estado. La ley (que aún no ha sido promulgada) establece que no se podrá pagar una cuota que supere el 20% de las obligaciones mensuales que tiene esa institución.
Desde este mes (cuyo salario generado se cobrará en las próximas semanas), deportistas profesionales, futbolistas, técnicos, ayudantes de campo, preparadores físicos, árbitros, veedores, kinesiólogos y masajistas, entre otros, comenzarán a aportar a la seguridad social. Hasta ahora los clubes aportaban por un grupo de personas fijo y no por su salario real sino por un ficto que resultaba inferior.
CONTINUA LA POLEMICA POR EL SUMINISTRO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR PARTE DEL CIRCULO CATOLICO: El Círculo Católico se mantiene firme en su decisión de no proporcionar métodos anticonceptivos, una prestación obligatoria para el MSP luego de la reforma de la Salud. Las partes llegaron a un acuerdo por el cual los pacientes del Círculo Católico a quienes no se les recete pastillas anticonceptivas y/o se les coloque el Dispositivo Intrauterino (DIU), podrán acceder a ellos a través del MSP y, en última instancia, cambiar de sociedad.
En estos casos, no sería necesario que la persona se desafilie del Círculo. Sin embargo, en caso de que las mujeres que estén en el "corralito" mutual y deseen cambiar de institución por estos motivos, "el MSP les dará lugar" en otras mutualistas. En estas situaciones, las socias se podrían cambiar de institución cuando se abra el corralito mutual, en febrero de 2010.
Según un convenio firmado el año pasado, los prestadores tienen que incorporar a sus servicios todas las actividades relacionadas al Programa Mujer y Género, que incluyen los tratamientos anticonceptivos. Ya se incorporaron los métodos anticonceptivos al formulario terapéutico del medicamento, que está integrado a las prestaciones obligatorias. El MSP otorgará los DIU gratuitamente a las mutualistas que los coloquen a las usuarias sin costo.
FORO SOBRE LA RECIENTE LEY DE ACOSO SEXUAL: En un foro sobre la nueva legislación laboral organizado por la firma Ferrere Abogados, el experto laboralista Nelson Larrañaga señaló que las empresas deben hacer los esfuerzos para que el trabajador internamente tenga un mecanismo de denuncia de las situaciones de acoso sexual y no recurra ante la Inspección General del Trabajo (IGTSS) o la Justicia. Larrañaga propuso la designación de un "oficial de cumplimiento" que reciba las denuncias y maneje el tema discrecionalmente. La aprobación de la ley que sanciona el acoso sexual en el trabajo ha generado incertidumbre entre los empresarios.
A criterio del especialista, el procedimiento de la IGTSS es muy estructurado y puede exponer la imagen de la empresa porque su nombre "está en escena", viéndose afectada aún si la denuncia termina siendo infundada. Para evitar estas situaciones, hay que "tratar de que esto quede en casa y no se ventile ante un organismo público". Enfatizó la necesidad de que las empresas definan una "política institucional" de prevención sobre estas conductas -como fija la ley entre las obligaciones del empleador- así como mecanismos para investigar las denuncias.
La norma también exige a la protección y la contención del denunciante y los eventuales testigos, así como la reserva de las actuaciones. La ley establece que la empresa será responsable por la conducta del personal siempre que "haya tenido conocimiento" de la denuncia de acoso sexual y "no haya tomado medidas correctivas". La empresa queda exonerada si actuó diligentemente ante la denuncia del trabajador. En caso que la víctima decida seguir trabajando en la empresa igual puede reclamar un mínimo de seis mensualidades como indemnización.
La otra alternativa para el trabajador es considerarse "indirectamente despedido", concepto por el cual puede demandar seis mensualidades más una indemnización por despido común. Empero, aquí la empresa debe hacerse cargo del importe. "Esto es grave porque no le da la oportunidad a la empresa de exonerarse por más que haya sido diligente e iniciado todo un proceso de investigación, igualmente será responsable".
A su vez, el autor del acoso puede ser despedido por notoria mala conducta, dice la ley. Mientras, quien presentó una denuncia "con engaños" a fin de beneficiarse, podrá ser pasible de acciones penales y también podría ser sancionado por notoria mala conducta si se acredita en la vía judicial.
Larrañaga señaló una "desigualdad de las partes" ya que ni la víctima ni los testigos del acoso podrán ser despedidos dentro de los 180 días siguientes a la denuncia como forma de protección ante una posible represalia, "salvo que la empresa demuestre lo contrario".
No hay comentarios:
Publicar un comentario