Fuente: Diario El País.
SE PRESENTO PRIMER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL: La Justicia ya tramita el primer recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo proceso laboral, vigente desde el pasado 19 de octubre. La acción fue presentada la semana pasada por una empresa de seguridad en el marco de un reclamo iniciado por un trabajador, el cual se está tramitando ante el Juzgado Laboral de 4° Turno.
Se trata de un caso de menor cuantía, inferior a los $ 81.000, donde el abogado de la empresa demandada, Fernando Urquhart, presentó la acción de inconstitucionalidad, y pidió a la jueza la suspensión del proceso para que el caso sea elevado a la Suprema Corte. La Juez Gianero resolvió dejar en suspenso el trámite de la demanda para elevar el expediente a la Corte, cuyos Ministros darán vista del recurso al Poder Legislativo y al trabajador demandante, que serán la contraparte en el proceso de inconstitucionalidad.
El abogado centra su recurso en que el nuevo proceso laboral viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 8° de la Constitución, ya que prevé plazos desiguales para las partes a la hora de presentarse ante el juez. En los procesos de menor cuantía el demandante cuenta con un año de plazo para preparar el reclamo, y el empresario solamente tiene 10 días para elaborar su defensa antes de presentarse a la audiencia en la que se dictará la sentencia definitiva. Además, cuestiona que en esa audiencia la parte demandada deba contestar el reclamo. Según Urquhart, eso es ilegal porque "el demandado debe ser tratado en forma igualitaria que el actor en el proceso litigioso".
Por otro lado, el abogado sostiene que el nuevo proceso laboral también viola el principio de igualdad, ya que prevé que si la parte demandada no se presenta a la audiencia pierde el juicio, pero si no asiste el reclamante, éste podrá replantear el caso en el futuro. Urquhart concluye en su recurso que la nueva ley de juicios laborales, "por su palmaria inconstitucionalidad", es una norma "para el olvido".
DIPUTADOS APROBO SUSPENDER ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO PROCESO LABORAL: La Cámara de Diputados dio el pasado martes sanción definitiva a la ley que suspende la aplicación de esta norma hasta el 1° de febrero de 2010, tal como lo habían solicitado el Ministerio de Trabajo en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. La suspensión de la aplicación del nuevo sistema había sido aprobada la semana pasada en el Senado, y ayer fue votada por todos los partidos políticos en la Cámara Baja.
En la sesión, el único legislador que hizo uso de la palabra fue el diputado blanco Pablo Abdala, quien señaló que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Trabajo están en condiciones de aplicar la ley. En tal sentido advirtió que la prórroga hasta el 1° de febrero de 2010 será insuficiente, y no permitirá que exista una real adecuación de los medios materiales a nivel judicial ni del Centro de Conciliación del MTSS.
El diputado manifestó asimismo que la Suprema Corte planteó en su momento que se deberán crear cinco nuevos juzgados laborales, para lo cual se necesitará aprobar una ley. Actualmente y desde el pasado 19 de octubre en Montevideo hay 167 demandas en trámite bajo el nuevo sistema procesal, según datos del Poder Judicial.
FISCALES SOLICITAN MODIFICAR REGIMEN DE DOBLE TURNO: La mayoría de los fiscales penales pedirán que se modifique el sistema de doble turno por semana, vigente desde el pasado mes de febrero. Aducen que el nuevo régimen no genera ventajas sino que atrasa los expedientes que ya están en trámite.
Recordemos que por disposición del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, desde principios de 2009 hay dos fiscales de turno por semana, quienes trabajan en conjunto con tres jueces que reciben las denuncias que se presentan en ese lapso de tiempo. El trabajo se divide en dos: un fiscal y un juez analizan los casos que se presentan en la mitad de las seccionales policiales, mientras que otros dos magistrados (uno a cargo del resto de las comisarías y otro que recibe las comunicaciones de las dependencias especiales de la Jefatura) desarrollan su labor con el restante fiscal.
Uno de los argumentos planteados por Ubiría para cambiar el sistema, fue la necesidad de que los fiscales tengan mayor presencia en las audiencias, en función de la última reforma del artículo 113 del Código del Proceso Penal, según el cual todas las partes (juez, fiscal y defensor) deben participar en los interrogatorios.
El nuevo sistema diseñado por Ubiría genera que los turnos tengan lugar cada 45 días en vez de cada 90, como sucedía antes, cuando solamente había un fiscal de turno por semana que debía desempeñar su tarea con los tres jueces. La mayor cercanía entre un turno y otro motiva que el trámite de los expedientes ya iniciados se retrase, porque en ese lapso los fiscales se dedican exclusivamente a estudiar las denuncias de nuevos delitos. Por ese motivo la mayoría de los fiscales penales resolvieron presentar una acción de petición ante Ubiría para que el jerarca deje sin efecto el doble turno semanal y retome el sistema anterior.
Consultado el Fiscal de Corte sobre el tema, sostuvo que en lo medular el sistema de doble turno se va a mantener. Se realizarán algunos ajustes al sistema, mediante una resolución que firmará ésta semana. Por ejemplo, en relación a la distribución de los casos y la posibilidad de brindarle mayor libertad a los fiscales para que deleguen parte del trabajo en sus adjuntos y asesores. Además, Ubiría señaló que el sistema del doble turno permite "ir preparando" al Ministerio Público para la futura reforma del Código del Proceso Penal, que prevé instaurar un régimen acusatorio, en el que los fiscales tendrán un rol más activo.
EL COSTO DE LA RENOVACIÓN PARLAMENTARIA: A partir de marzo, el Poder Legislativo deberá añadir a su presupuesto US$ 3.520.000 para pagar durante un lapso entre 12 y 36 meses, según cada caso, el subsidio a los 52 legisladores que no renovaron su banca en las elecciones nacionales. A causa del resultado de las elecciones, dejarán el Senado 13 integrantes, y en Diputados otros 39 legisladores. Por ley, les corresponderá un subsidio de acuerdo con las legislaturas de actuación. Así, quienes hayan actuado una legislatura cobrarán el subsidio por un año, y quienes tengan más de una legislatura percibirán el máximo de subsidio, es decir, durante tres años.
El monto mensual a percibir equivale al 85% del salario básico de un legislador, que ahora es de $ 97.400 nominales (US$ 4.630), por lo cual el subsidio será, entonces, de $ 81.150 nominales, unos US$ 3.860 a valores actuales. Entonces, el Poder Legislativo deberá prever un insumo presupuestal adicional solamente para el 2010 de US$ 2,5 millones, a valores del dólar de hoy, que se sumarán a la asignación anual del Poder Legislativo que ronda los US$ 13 millones. Por mes, los subsidios se llevarán unos US$ 200.000 para los 52 casos.
SE APROBO PLAN DE OPERACIONES PERMANENTE CONTRA EL NARCOTRAFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS: El Poder Ejecutivo dio aprobación definitiva al "Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y Lavado de Activos" que involucra a diversas reparticiones públicas en una acción conjunta y frontal contra estos delitos. El Plan fue creado por una comisión interinstitucional creada en octubre del año pasado y procura "utilizar todo el potencial del Estado para profundizar acciones contra el tráfico de drogas, y "oponer el máximo de resistencia al flujo de drogas" y a su distribución en Uruguay.
El plan supuso la integración de personal de alta calificación en el combate a este tipo de delitos así como la incorporación de mejoras tecnológicas a disposición de las unidades represoras y de control. El decreto del Ejecutivo subraya la asociación del narcotráfico a los delitos violentos, a la inseguridad pública y a la corrupción, y el impacto negativo de la droga en los consumidores y en sus familias.
En el Plan están involucradas la Armada, a través de la división especializada de la Prefectura Nacional Naval; el Ejército, la Fuerza Aérea, a través de su Policía Aeronáutica; la Dirección Nacional de Aduanas, y en la órbita del Ministerio del Interior, además del titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), la Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y las direcciones departamentales de Investigaciones de la Policía.
Las operaciones pondrán especial énfasis en los controles fronterizos, especialmente con Argentina ya que parte de la droga llega desde ese país proveniente de Bolivia.
CASINOS MUNICIPALES. CONTINUA LA POLEMICA POR NUEVOS ARRENDAMIENTOS DE SLOTS: Ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional objetaron el arrendamiento directo de slots realizado por la Intendencia de Montevideo a dos empresas, por US$ 7.738.924. Según la edila colorada Cristina Ferro, se trata del mismo mecanismo que se empleó durante la administración del ex director municipal de casinos Juan Carlos Bengoa, procesado con prisión por las pérdidas de las salas de juegos durante la administración del ex intendente Mariano Arana.
Junto al edil nacionalista Álvaro Viviano, Ferro quiere convocar a la Junta Departamental al intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, "para que explique por qué define este modelo de contratación al final de su gestión, dejando todo como estaba antes". "No queremos que se repita lo que pasó con el ex intendente Arana, que supuestamente no sabía nada", añadió Ferro.
Según una resolución municipal del 2 de octubre 2009, se adjudicó la "compra directa por excepción" a las empresas I.C.M. S.A. y Famostar. S.A., que arrendarán slots al casino del Parque Hotel. Se trata de una contratación por tres años, hasta la adjudicación de una licitación que "se está tramitando actualmente". La resolución aclara que esta contratación se realiza al amparo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
Recientemente, el Tribunal de Cuentas observó el arrendamiento de 42 máquinas "entre otros a Famostar S.A" por parte de la Intendencia. La comuna ya había anticipado su intención de ampliar el contrato que mantenía con la empresa I.C.M. S.A., que venía operando 50 slots en el casino del Parque Hotel, permitiéndole duplicar su número de máquinas en esa sala de juegos. I.C.M. fue la única de las empresas que no fue sancionada por la Justicia de Aduanas, que este año confiscó unas 200 máquinas del Parque Hotel y del Casino Carrasco. Una de las máquinas confiscada pertenecía a la firma Famostar.
CASO DGI CON CASAL: Los asesores legales de Francisco Casal, aseguraron que el acuerdo al que llegó el empresario con una de sus hermanas para venderle su parte de la casa heredada tras el fallecimiento de su madre, fue un "negocio real con los valores del mercado". Como publicáramos la semana pasada en nuestro "Resumen de Noticias" la DGI inició una acción judicial ante la existencia de indicios respecto a que Casal pretendía insolventarse. Ese nuevo juicio fue informado por el titular de la DGI, Nelson Hernández, ante el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, quien indaga presuntas irregularidades en el trámite del expediente administrativo del empresario.
Ante tal situación, los abogados de Casal, Leonardo Costa y Óscar Brum, señalaron que el empresario vendió a su hermana los derechos hereditarios del inmueble antes de que la DGI dispusiera su embargo genérico, lo que demuestra "la buena fe" de su cliente. Además, remarcaron que el negocio fue real por lo que dijeron que "no puede inferirse bajo ningún punto de vista una intencionalidad simulatoria, por el contrario".
Trascendió asimismo la semana pasada que la DGI determinó la deuda de Casal y su grupo económico por concepto de IRIC e IRAE por su actividad de venta de futbolistas al exterior en el período 1998 - 2007. Según una resolución firmado por el director de la DGI Nelson Hernández el pasado 15 de septiembre, la deuda asciende a $ 432.275.740. A ese total se le debe agregar una multa del 20% por mora, que equivale a $ 86.455.150 más. Pero además, el organismo recaudador computó otra multa por "defraudación tributaria" que asciende a $ 1.296.827.200, el triple de la deuda fiscal calculada. Por eso, en total, de acuerdo con la DGI, Casal debería pagar a US$ 86.045.400.
Los abogados de Casal ya recurrieron ante la DGI el contenido de la resolución. En caso de que el organismo mantenga su posición, el expediente pasará a estudio del MEF. En caso de que se mantenga la recurrida, los abogados de Casal presentarán la demanda de nulidad de la resolución ante el TCA.
CASO ESCUADRONES DE LA MUERTE: Tras haber sido extraditado desde Buenos Aires, Nelson Bardesio declaró el pasado jueves ante la jueza penal Graciela Eustachio y el fiscal Juan Gómez, en el marco de la causa que indaga el accionar de los "escuadrones de la muerte" a principios de los años 70. En esa época Bardesio se desempeñaba como fotógrafo policial y se lo acusa de haber participado en la muerte y desaparición de varios militantes de izquierda.
Por esos hechos, en abril, el fiscal Ricardo Perciballe, que en ese entonces entendía en el caso, pidió los procesamientos del empresario Miguel Sofía y de tres policías retirados. Sofía se encuentra prófugo de la Justicia. La defensa de Bardesio pidió la realización de un careo con el ex dirigente tupamaro y actual director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Rosencof, que fue quien lo interrogó en la Cárcel del Pueblo, donde admitió su participación en el "escuadrón de la muerte" y además dio nombres de otros miembros del grupo.
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