Fuente: Diario El País.
SOFTWARE ILEGAL EN FISCALIAS: A fines del mes de setiembre pasado un fiscal realizo un informe denunciando que en varios equipos de la oficina existían programas de Windows que eran piratas. Ello motivo que el Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, iniciara una investigación, solicitando al Director de los Servicios Administrativos de la Fiscalía le informara cuántas computadoras había en servicio en las fiscalías y si tenían programas con licencia.
La respuesta del funcionario fue que había decenas de computadoras sin regularizar, por lo que Ubiría ordenó que de inmediato se inicie un proceso de regularización de los ordenadores. Hay unas 100 computadoras en regla en las fiscalías y otras 80 (70 en el Interior y 10 en Montevideo) en proceso de regularización mediante el sistema operativo gratuito Linux.
Un fiscal que pidió no ser identificado, marcó la contradicción de que fiscales que pueden pedir procesamientos por el uso de software trucho usen programas no registrados en sus computadoras. Por su parte Conrado Viña, Directivo de la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones, manifestó que se comete "una falta muy grave" si se hace uso de licencias de software sin pagarlas.
CONFLICTO DE LA SALUD POR SEMANA LABORAL: La semana pasada estuvo plagada de movilizaciones y paros a consecuencia de la falta de acuerdo de la FUS, con el sector privado en la aplicación de la semana laboral de cuatro días de trabajo y uno franco. El acuerdo del "cuatro y uno" fue alcanzado en la pasada ronda de los Consejos de Salarios, entrando en vigencia en enero próximo.
El secretario general del sindicato, Jorge Bermúdez, dijo días atrás que el Consejo Central de la FUS quedó facultado para ejecutar un paro de 24 horas o más, si las negociaciones por este reclamo no prosperan. Desde el sindicato se apunta al diálogo para resolver este conflicto pero no sin criticar a los empresarios. Sin embargo, desde el mutualismo se sostiene que existen dificultades para implementar la semana laboral exigida por el sindicato, pues no tiene "un sustento económico".
El MSP presentó un informe económico de las instituciones y asegura que la mayoría tiene superávit y pueden responder al reclamo.
CARCEL DE LAS ROSAS: El juez Gabriel Ohanian rechazo el pedido de procesamiento de un policía y dos reclusos en relación con el motín que culminara con dos muertos y varios heridos en la Cárcel de Las Rosas. El pedido de procesamiento del policía había sido realizado por el fiscal penal Luis Pacheco, acusándolo de ser responsable de la muerte de uno de los dos reclusos muertos durante el motín. El fiscal solicitó asimismo el procesamiento de dos reclusos por incitar al Policía.
El Juez expresó en su fallo que el incidente debe analizarse desde la situación general que vive el sistema carcelario de todo el país y no a partir del enjuiciamiento de un funcionario policial que concurrió a apoyar a sus compañeros en medio de la absoluta falta de medios para hacerlo. El establecimiento en su interior carece de luz de ningún tipo y se mandó al personal a reprimir el motín sin faroles, muchos sin chalecos anti bala (anti corte en este caso), e incluso algunos iban vestidos de particular solamente con un chaleco de la brigada de hurtos, que fácilmente en la oscuridad y en el fragor de la reyerta pudieron haber sido confundidos con reclusos.
Resumiendo: el Estado mandó a sus hombres a disolver un motín sin un plan de operaciones, sin oficial a cargo, sin balas de goma, sin faroles, en definitiva de la forma ideal para que ocurriera la tragedia que finalmente ocurrió. ¿Por qué hace hincapié en el contexto de los hechos? Porque si bien a la Justicia se la representa con los ojos vendados, en alusión a que no hace acepción de personas, ello no indica que el Juez sea un evadido de la realidad o viva de espaldas a ella. Si así fuera, el decisor podría transformarse en un autómata de la ley, una especie de tecnócrata más peligroso para los ciudadanos que los propios delincuentes (habida cuenta claro de la terrible potencialidad nociva de sus resoluciones), enfatizó Ohanian.
El fiscal Luis Pacheco apelará el fallo de Ohanian, por entender que el efectivo policial es responsable de un delito complejo de homicidio culpable, así como de los dos reclusos por un delito de motín. Para el fiscal no quedan dudas que los dos reclusos fueron los responsables de la refriega, quienes esa noche incitaron y planificaron la revuelta mientras se encontraban consumiendo pasta base. Los dos fueron acusados durante una asamblea de presos registrada días después por un grupo de reclusos.
Las visiones contrapuestas de los dos magistrados abren ahora más incógnitas. De un lado, el juez Ohanian apuntó directamente a la responsabilidad de los mandos policiales y del Ministerio del Interior por no haber adoptado medidas para impedir el motín y no haber impartido órdenes a sus subordinados. Del otro el fiscal Pacheco, que atribuye responsabilidades concretas sobre el motín y sobre las muertes de los reclusos.
Por su parte los defensores de oficio de Maldonado plantearán la situación de la cárcel a la OEA y exigirán que un juzgado especializado en crimen organizado busque responsabilidades en el motín. "Esto fue justificado por carencias e incumplimientos del propio Estado, dice el juez, pero como defensora penal quiero y necesito que el Estado tenga nombre y apellido, porque si no se diluyen responsabilidades, y estamos hablando de una muerte", expresó la abogada María Eugenia Elso. Para realizar su trabajo necesita "certezas en la cárcel, que si matan a una persona se juzgue y condene al responsable" y entiende que la sentencia del juez Gabriel Ohanian no va en ese sentido.
La abogada consideró que se deben definir responsabilidades en el motín, y que de ello deberá encargarse un juzgado especializado en crimen organizado o un juzgado de Maldonado que tiene un expediente abierto referido a las condiciones de hacinamiento del establecimiento carcelario.
SISTEMA DE INDICADORES DE DELINCUENCIA JUVENIL: Gracias a un acuerdo firmado el pasado martes entre el ministerio del Interior, el INAU y el Poder Judicial, nuestro país tendrá cifras concretas sobre la incidencia de la minoridad infractora. De ahora en más los organismos utilizarán las mismas pautas para reunir cifras de la justicia juvenil. Estas pautas serán elaboradas en base al Manual para cuantificar los indicadores de justicia juvenil elaborada por Unicef y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
De esta forma Uruguay será el primer país en América Latina en tener un sistema de indicadores único, que permitirá realizar un seguimiento del Sistema de Justicia Penal Adolescente con datos certeros y compartidos por las instituciones estatales involucradas. La tabla está compuesta por 32 indicadores que brindan información, tanto respecto a lo que ocurre con los adolescentes en conflicto con la ley, como sobre el marco legal que asegura su protección. Se monitorearán aspectos legales, del sistema de justicia y de la ejecución de las sanciones dispuestas por la Justicia que interviene.
Este sistema a implementar permitirá tener una visión del recorrido que hace el adolescente cuando ingresa al sistema penal. El Poder Judicial aportará información sobre cuántas resoluciones toma cada juez, cuántos procesos se inician, y cuántos adolescentes quedan libres en ese primer contacto con el sistema penal juvenil. De esta forma se van estableciendo cifras correctas, que se podrán cruzar con las cifras del INAU sobre cuántos adolescentes privados de libertad tienen, cuántos por medida cautelar, cuántos por sentencia, por qué tipo de delitos.
DELINCUENCIA JUVENIL. BALANCE DEL AÑO 2008: Según un informe del Poder Judicial sobre la actividad de los Juzgados de Menores en nuestro país, se presentaron siete denuncias por día a menores durante el año 2008. En Montevideo hubo una suba de 17% de los asuntos en comparación con 2007 y en el interior ese aumento fue de un 33,7%.
Según el informe en Montevideo ocurrieron 670 asuntos iniciados a adolescentes, mientras que en el interior estos fueron 2.072. La mayor parte de las infracciones de estos jóvenes corresponden a delitos contra la propiedad (85.2%), seguidos de delitos contra la personalidad física y moral de la persona (10,4%) y contra la salud pública (2,3%), entre otros. El 82,2% de los menores enjuiciados debieron enfrentar medidas cautelares como la internación provisoria en hogares del INAU o el arresto domiciliario. Estas medidas no pueden superar los sesenta días corridos. Una vez vencido el plazo sin que hubiera sentencia de primera instancia, la Justicia deberá disponer la libertad del joven encausado.
El fiscal de Menores, Gustavo Zubía estima que de cada 100 delitos cometidos por jóvenes, la Policía atrapa al 40%. La mitad de ese porcentaje son liberados porque son tentativas de delitos. De la otra mitad, un 50% son puestos en libertad por falta de pruebas o por tratarse de delitos menores. Y solo el 10% restante son remitidos con medidas privativas de libertad o con medidas sustitutivas.
La mayoría de los procesos judiciales a menores son breves. Oscilan entre tres semanas y 22 meses. La demora de casi dos años en enjuiciar a un menor infractor se debe a que el proceso se detiene cuando este se fuga cuando está cumpliendo una internación provisoria en el INAU. Según el gremio de la Colonia Berro, las fugas superan las 800.
CASO CASINOS MUNICIPALES: La defensa de Orestes González, quien se desempeñó como asesor de Juan Carlos Bengoa mientras fue director de los casinos de la Intendencia, y se encuentra procesado desde diciembre de 2007, reclamará su libertad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Hace diez días, la Suprema Corte rechazó la libertad por "gracia" de los imputados. Por ese motivo, el abogado de González, Mario Pereira Garmendia, prevé reclamar la excarcelación de su cliente ante la CIDH. El principal argumento para recurrir al organismo internacional es que González "está cumpliendo una condena anticipada" en un proceso que todavía no está cerca de terminar, por lo cual el excesivo plazo de reclusión de su representado es responsabilidad del Estado.
CASO APLISER S.A.: La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti pedirá colaboración a Venezuela, Colombia y Panamá en el marco de la causa que indaga presuntas irregularidades en las millonarias exportaciones de libros realizadas en diciembre de 2008 y febrero de 2009 por la empresa Apliser S.A. El fiscal Ricardo Perciballe solicito a la Juez que consulte a esos países para establecer si cuentan con registros que permitan establecer la existencia de una red dedicada al lavado de activos, lo cual es la hipótesis más firme que se maneja por ahora en la investigación.
Recordemos que en la causa se está indagando las exportaciones realizadas a Venezuela por Apliser S.A. de 50 mil kilos de "sets cartográficos" integrados por el libro Técnicas de Ordenamiento Territorial, un cuaderno en blanco y un mapa, por un total de US$ 32 millones, siendo que el costo de producción fue estimado en apenas US$ 500 mil. El caso tuvo trascendencia pública luego que el senador nacionalista Ruperto Long difundió que Apliser S.A. -que comenzó a funcionar en 2008- quedó en el puesto número 21 de la lista de mayores exportadores de Uruguay en el primer semestre de 2009. Para establecer si existe alguna irregularidad desde el punto de vista tributario, la DGI deberá esperar a que la empresa cierre su ejercicio económico el 31 de diciembre.
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