lunes, 13 de septiembre de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas.-

COMISION DEL CAU INVESTIGA ABUSO DE ESCUCHAS TELEFONICAS: Una comisión del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) analizará los perjuicios que pueden acarrear para el ejercicio de la profesión las escuchas telefónicas de conversaciones entre indagados y sus defensores. Las interceptaciones de llamadas, así como de mensajes de texto por celular y correos electrónicos de personas investigadas por la Justicia, están reguladas por la Ley Antilavado de Activos (18.494) que establece cómo se deben llevar a cabo esos procedimientos.

La propia ley establece que "quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación". Sin embargo, hay muchos abogados "preocupados" ante la posibilidad de que elementos tomados de esas conversaciones sean utilizados contra los indagados, lo que violaría tanto el secreto profesional, como el derecho de defensa de las personas investigadas.

Si un indagado no puede hablar con libertad con su abogado, se le está impidiendo que acceda a saber cuáles son sus derechos, y eso es algo muy grave.

Los Dres. Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, en el libro "Responsabilidad Penal de los Profesionales Jurídicos", que en breve será puesto a la venta, señalan que si en el marco de un seguimiento telefónico se produce una escucha "casual" entre el indagado y su defensor, en ese momento se debe interrumpir la grabación, como forma de proteger el secreto profesional. Los abogados sostienen que aun cuando las escuchas puedan ser un medio para obtener la verdad material, no pueden ser tenidas en cuenta como parte de la investigación, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente.

Sobre este punto, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, aseguró no hay un uso "injustificado" de las escuchas telefónicas. El magistrado señaló que los abogados "pueden estar absolutamente tranquilos" de que las conversaciones que mantienen con sus clientes no son tenidas en cuenta en las investigaciones. "Mientras el abogado cumpla con su función y se dedique a ejercer su rol de defensor, no debe tener ninguna preocupación. Pero si está asesorando respecto a cómo delinquir, ahí es otra historia". La escucha telefónica es una prueba que se adopta siempre mediante una resolución fundada, por lo que si un juez realiza interceptaciones ilegales puede ser sancionado por ello.


 

PROYECTO DE LEY RELATIVO A DESCANSOS Y HORARIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES: Un proyecto de ley presentado por diputados frenteamplistas establece que los hoteles, restaurantes y confiterías deben otorgar una jornada entera de descanso al día siguiente a haber cumplido las 44 horas de trabajo semanal y dispone un "número mínimo de 16 horas de descanso" entre jornada y jornada laboral, lo que impide las variaciones de horario de trabajo según "las necesidades de los establecimientos".

La iniciativa explica que "se ha observado que algunos establecimientos gastronómicos y cierta jurisprudencia consideran que el inicio del descanso ocurre de manera inmediata a la finalización de la jornada que completa las 44 horas, lo que no contempla el descanso integral del trabajador". Pone como ejemplo que hoy en día un trabajador del sector hotelero o gastronómico puede concluir su semana laboral a la hora 4.00 de un día y reingresar a la hora 16.00 del día siguiente, "con lo cual parece evidente que no se cumple con el objetivo de proporcionar descanso al trabajador y permitirle una vida familiar adecuada". "Es menester por tanto acompasar el cómputo del inicio del descanso semanal a la secuencia horaria diaria, de modo que se aplique en plenitud el día y medio de descanso para los trabajadores de la rama gastronómica y hotelera en general, asegurando en todo caso el goce de un día íntegro de descanso al trabajador".

El proyecto está a consideración de la comisión de legislación laboral de la Cámara de Diputados.


 

    PROYECTO DE LEY RELATIVO A SEGURIDAD PUBLICA: El Partido Nacional presentará un proyecto sobre seguridad pública, que incluye la creación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor (IRAI). Según el proyecto, el IRAI será un organismo independiente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) y del sistema carcelario, y ocuparía unas diez hectáreas de la Colonia Berro con funcionarios nuevos y guardia perimetral. Allí tendrán un régimen de semi libertad, con actividades educativas y recreativas.

El IRAI estará dividido en dos áreas: una con pabellones para los menores que cometen infracciones gravísimas (homicidio, violación, secuestro, rapiña) y otra para las menos graves. Trabajarán médicos especializados en adicciones, psicólogos, psiquiatras y profesores de educación física.

El proyecto no incluye la baja de la edad de imputabilidad, ya que prevé que todos los menores infractores serán alojados en el nuevo instituto. El proyecto incluirá la sanción de la tentativa de hurto, y subirá de 5 a 10 años la máxima de internación para los adolescentes de 16 a 18 años que hayan cometido infracciones gravísimas a la ley penal.


 

PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DE LA DEROGACION DE LA LEY QUE DETERMINO LA CLAUSURA DEL CASO PEIRANO: Con la firma de sus nueve senadores, el Partido Nacional presentó un proyecto que intenta "restablecer" como ley interpretativa la situación anterior a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. A partir de la derogación de este artículo, un Tribunal de Apelaciones clausuró el expediente del caso Peirano.

El proyecto declara "por vía interpretativa que el artículo 15 del Código Penal y 7 del Código del Proceso Penal no provocan la cesación del procedimiento penal si se suprimiese un delito por el cual se hubiera procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante, éste estuviese imputado de otro u otros delitos, en la acusación fiscal".


 

CRIMEN ORGANIZADO INVESTIGA DEROGACION DE LA LEY QUE DETERMINO CLAUSURA CASO PEIRANO: La Justicia del crimen organizado dio el puntapié inicial a una investigación para determinar si hubo delito en la conducta del abogado Gonzalo Fernández con relación a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 y la clausura del expediente penal de los Hermanos Peirano. A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, el juez Jorge Díaz ordenó que se le envíe información sobre el caso desde los tres poderes del Estado.

Del Poder Judicial, pidió copia del expediente que se tramita en el juzgado penal de 7º Turno y que incluye el procesamiento de los hermanos Peirano. Del Poder Legislativo solicita copia de todo lo que surja de ambas cámaras con relación a la derogación. Esto incluye el material manejado por los legisladores, la discusión parlamentaria en las comisiones y en el pleno de las cámaras, y la cuestión de fueros presentada por el senador blanco Sergio Abreu. Al Poder Ejecutivo, Díaz le pidió copia del proceso de promulgación de la ley que lleva la firma del entonces canciller, Gonzalo Fernández, quien figuró junto a su pareja Cecilia Salom, "indistintamente" como abogado defensor de Juan Domingo Ratti, otro de los procesados por el delito derogado debido a las maniobras en el Banco de Montevideo.

Luego de recibir toda esa información, Díaz la enviará a Perciballe que, tras analizarla, decidirá los pasos a dar, que pueden incluir la citación de testigos. El expediente judicial fue abierto a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle.


 

INDAGAN ESTAFA SOBRE TERRENOS DE ROCHA: El juzgado penal de 6º Turno tramita un expediente sobre títulos falsos de terrenos en el departamento de Rocha (en el balneario Las Garzas), lo que fue declarado por uno de los tres procesados con prisión junto al procurador de lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, por delitos de estafa.

La denuncia la había realizado meses atrás un abogado en Rocha, referida a 240 lotes en el balneario Las Garzas con firmas falsificadas de vendedores y del escribano, y certificación notarial de un escribano muerto. Dos peritajes caligráficos que se agregarán al expediente muestran la falsedad de esos documentos. Al menos dos de los cuatro procesados que seguían los trámites judiciales sobre estos lotes dejaron de frecuentar Rocha luego que el tema fuera denunciado.

En tanto, la jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, aguardan que se les entregue la información referida a los correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto de los procesados, entre enero de 2009 y setiembre de 2010. También esperan información sobre los juicios de ejecución en los que los encarcelados puedan aparecer, y los datos sobre sus cuentas bancarias.

El auto de procesamiento de Canessa señala que los procesados "se pusieron de acuerdo en realizar maniobras delictivas, en las que cada indagado cumplía un determinado rol, constituyendo una verdadera societas sceleris".

1 comentario:

  1. Me hace reír lo de Díaz sobre los "límites" que supuestamente tienen las escuchas telefónicas, cuando los propios Jueces se están haciendo escuchas clandestinas ilícitas entre sí y utilizan escuchas clandestinas ilícitas que le hacen a sus receptores, como medio de prueba.
    Es el caso del ex-Juez Alvarez Petraglia, los magistrados de Maldonado y un Receptor judicial de ese Departamento.
    En casa de herrero...

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