DESESTIMARON ACCION DE AMPARO CONTRA DECRETO QUE ESTABLECE 6 HORAS DE LABOR EN LA ADMINISTRACION CENTRAL: La Justicia desestimó el pasado miércoles la acción de amparo presentada por COFE contra el decreto que obliga a trabajar seis horas diarias. El amparo fue presentado por COFE con la firma de 78 funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Turismo, así como por funcionarios de la Biblioteca Nacional, que tienen grado de profesionales universitarios.
Se afirma por parte del Sindicato que el decreto del Poder Ejecutivo (que entra en vigencia el próximo 1° de diciembre) y que los obliga a trabajar seis horas diarias, los perjudica porque no se prevé una compensación salarial. También plantearon que en su condición de profesionales, que a su vez se desempeñan en la órbita privada, la nueva carga horaria los hará renunciar a sus otras actividades.
La magistrada concluyó que la "reorganización horaria" que prevé el decreto "no violenta" el régimen jurídico que les es aplicable a los funcionarios; la administración "puede dentro de sus facultades discrecionales" modificar los regímenes laborales de los funcionarios públicos. Asimismo, para Cabrera "no se advierte tampoco la violación del derecho al trabajo o del derecho a la debida remuneración salarial" planteada en la acción de amparo. En su sentencia, la Juez expresa que la decisión del Poder Ejecutivo está enmarcada en la "aplicación de normas de buena y sana administración" y que se ajustan "al régimen estatutario que constitucional, legal y reglamentariamente corresponde" a los 78 funcionarios reclamantes.
COFE, lejos de dar por perdida la batalla contra el decreto que obliga a cumplir jornadas de seis horas en la Administración Central, llevará el tema a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sumando así un nuevo elemento en la denuncia que el sindicato de estatales prepara contra el gobierno uruguayo por supuesta violación del convenio colectivo.
Según el Sindicato, la decisión de la Juez de lo Contencioso Administrativo Cristina Cabrera de considerar legal el decreto, "no agota" otras vías para impugnar la normativa tanto a nivel judicial como en lo relativo a reclamos indemnizatorios patrimoniales de los funcionarios. "Respetamos la decisión de la jueza, pero no nos parece que no tengamos razón en plantear que todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo debe ser discutido con los trabajadores". Desde el Sindicato se afirma que los funcionarios de la Administración Central "no se oponen" a trabajar seis horas diarias, pero entienden que esa medida debe acompañarse con una "rediscusión de la escala salarial".
Por su parte, el abogado de COFE, Daniel Parrilla, dijo que apelará la sentencia de la jueza Cabrera. El asesor legal de la gremial indicó que antes de promover otros recursos judiciales contra el decreto, su intención es esperar el resultado de la apelación, que será tramitada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno.
COMISION INVESTIGADORA DEL SENADO POR DEROGACION DEL ART. DE LA LEY 2.230:
El Senado, por 17 votos en 31, aprobó el informe del Frente Amplio (FA) que exime de toda culpa al Dr. Gonzalo Fernández en lo relativo a su actuación en torno a la derogación del art. 76 de la Ley 2.230. El informe aprobado concluye que Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" cuando le sugirió a Abreu derogar el delito por el que procesaron a los Peirano. Fernández "no tuvo un beneficio particular" al sugerir la derogación.
A raíz de la experiencia, la bancada del FA aceptó la propuesta de blancos y colorados para que los proyectos de ley que modifican normas penales sean discutidos primero en comisión, hecho que no ocurrió con el proyecto que derogó el artículo 76 de la ley 2.230, que se trató directo en el plenario porque había apuro ya que el primer artículo trataba la situación del Casmu.
SOLICITARON LIBERTAD DE PEIRANO BASSO: La defensa de Juan Peirano Basso solicitó el pasado jueves su liberación. Peirano permanece en prisión desde septiembre de 2008, momento en que fue extraditado desde Estados Unidos. Fue procesado por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta".
La solicitud de excarcelación se fundamenta en un dictamen del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó a Uruguay por haber violado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de ese organismo, que establece que todo individuo tiene derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas".
PROYECTO ALTERNATIVO PARA MANTENER CAJAS DE AUXILIO: El gobierno presentará un proyecto de ley que mantiene en vigencia las Cajas de Auxilio y establece un aporte progresivo de sus afiliados al Fonasa. Autoridades del MSP, MEF y MTSS se reunieron para afinar la propuesta que será enviada al Parlamento y que deberá ser aprobada antes que termine el año, pues el plazo previsto para el ingreso de los usuarios de las Cajas de Auxilio al FONASA es el 1° de enero de 2011.
El proyecto del gobierno incorpora a los beneficiarios de las Cajas de Auxilio al Fonasa, pero establece un aporte progresivo de sus afiliados al seguro estatal y mantiene la vigencia de las Cajas. Durante cuatro años sus usuarios no volcarán la totalidad de los aportes al Fonasa, sino que destinarán un porcentaje que será del 1% de su sueldo en 2011 y se aumentará progresivamente hasta el 4% en 2014. Recién en 2015 se volcará todo al Fonasa. Hasta ese año, el resto de sus aportes irán a las Cajas, con lo cual se conseguirá que éstas sigan funcionando como "servicios complementarios de salud" y puedan seguir brindando las prestaciones que el seguro estatal de salud no ofrece, entre ellas el mentado subsidio por enfermedad que cubre el 100 % del salario del trabajador.
A partir de 2015, para mantener estos beneficios, los usuarios de las Cajas deberán hacer un aporte extra por encima del aporte al Fonasa que es del 4,5% para los trabajadores que no tienen hijos y del 6% para quienes sí tienen.
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