lunes, 26 de julio de 2010

Resumen de Noticias Judiciales y Legislativas de la Semana Que Paso: “DE ESTO TAMBIÉN SE HABLA”


 

    PROSIGUEN ACTUACIONES EN JUICIO PENAL DE CANAL 10 A DIRECTV: Los responsables de DirecTV en Uruguay deberán declarar el próximo lunes ante el juez penal Sergio Torres y la fiscal Adriana Costa, en el marco de la denuncia presentada el mes pasado por Canal 10, que sostiene que DIRECTV emitió partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica de forma ilícita.

Como informáramos en su momento, Canal 10 compró los derechos de emisión del Mundial junto a los otros canales privados, y se negó a vender los derechos de retransmisión a la multinacional por US$ 450.000. DirecTV entendió que la postura de Canal 10 es violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia y decidió emitir su señal producida internacionalmente.

Por eso, Canal 10 llevó el caso a la Justicia Penal, al entender que DirecTV incurrió en el delito de "reproducción ilícita", al emitir partidos del Mundial de Fútbol sin haber comprado los derechos en Uruguay.

Por otro lado, Canal 10 prepara una demanda civil contra DirecTV, con el objetivo de resarcirse de los presuntos daños económicos que la empresa multinacional le causó al emitir los partidos del Mundial, estimada en unos US$ 2 millones.


 

RECLAMO DE AHORRISTAS DEL BANCO MONTEVIDEO ANTE CORTE INTERAMERICANA DE LA OEA: El reclamo de más de 700 ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB) del Grupo Velox -que realizaron colocaciones a través del Banco de Montevideo- se ventilará en la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El reclamo cuenta con el pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ese organismo que pidió a la Corte internacional que el Estado uruguayo los indemnice.

La CIDH reclamó a la Corte "que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación" de varios derechos humanos. Sostuvo que "el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora (léase el Banco Central) o ante el Tribunal Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas". Estableció asimismo que el Estado uruguayo "no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".

El dictamen de la comisión establece que la Comisión Asesora autorizó al menos 22 casos de depositantes del TCB a recibir las compensaciones de los depositantes tradicionales del Banco de Montevideo que estaban en condiciones similares a los de los reclamantes, aplicando criterios discriminatorios en la evaluación del consentimiento para realizar las colocaciones en la institución financiera off shore con sede en Islas Cayman del Grupo Velox. En la mayoría de estos casos la Comisión Asesora permitió a los reclamantes aportar nueva información, básicamente testimonios de ex funcionarios del Banco de Montevideo que, según el organismo de la OEA, fue ambigua en muchos casos.

La CIDH solicitó a la Corte de la OEA que "ordene al Estado uruguayo: a) pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la presente demanda; b) Establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613; y c) Otorgar a las víctimas una indemnización por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional".


 

LA DRA. DE LOS SANTOS SERA LA TITULAR DEL JUZGADO PENAL DE 14º TURNO: La Jueza Adriana De los Santos será designada al frente del juzgado penal de 14° turno, cargo al que renunció el mes pasado Federico Álvarez Petraglia. Actualmente, De los Santos es jueza suplente y en su momento ejerció en San José y Ciudad de la Costa.


 

CONTINUAN INVESTIGACIONES EN LA ARMADA POR MANEJOS IRREGULARES DE FONDOS: Según confirmó en rueda de prensa el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, cuatro capitanes de la Armada fueron separados del cargo por estar implicados en presuntas compras "fantasmas" en la fuerza que ocurren desde varios años atrás, lo cual se investiga en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Justicia. Se trata de oficiales superiores de la fuerza naval, dos de la jerarquía de capitán de navío, y otros dos capitanes de fragata. La separación del cargo de estos oficiales no supone "una imputación de delito ni una sanción disciplinaria", sino que fue una medida que se tomó administrativamente para facilitar que respondan a la Justicia. Rosadilla anunció que tras la investigación las consecuencias recaerán sobre todos los responsables, incluso los de nivel político.

La investigación judicial y administrativa en Defensa está centrada sobre el procedimiento de compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, por un monto cercano a los US$ 600.000, y también sobre el manejo de millones de dólares durante varios años de los fondos que la ONU entregó a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización. Tras recibir una denuncia anónima sobre el caso, la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (SERAP) por parte de personal policial y no halló ni la grúa ni el banco de prueba de motores supuestamente adquiridos.

Pero además, existen indicios en la sede penal de que maniobras de estas características se están realizando desde el año 2000 y que podrían implicar montos que oscilan entre los US$ 3 y US$ 5 millones al año, ya que anualmente la fuerza naval realiza una decena de "compras por excepción", una modalidad en la que no hay límite de gasto ni tampoco rendición de cuentas.


 

    CONSEJOS DE SALARIOS A PARTIR DEL LUNES: El Poder Ejecutivo convocará desde este lunes a los 24 grupos laborales en los que se divide la actividad privada, dando comienzo a la discusión salarial del sector. Así quedó dispuesto tras la sesión del pasado jueves del Consejo Superior Tripartito, en el que empresarios, trabajadores y representantes del Ministerio de Trabajo confirmaron a sus representantes para la negociación en cada mesa.

Los presidentes de grupo (que son funcionarios del MTSS) irán convocando a los delegados patronales y sindicales de las 24 mesas. Luego cada uno de los grupos madre, definirá qué subgrupos iniciarán efectivamente la negociación, aunque en los hechos comenzarán a dialogar los 89 sectores con convenios vencidos al 30 de junio.


 

    CENTROS DE MEDIACION. ES INTENCION DE LA SCJ SU EXTENSION: La Suprema Corte pretende ampliar a todo el país el funcionamiento de los Centros de Mediación, oficinas que dependen del Poder Judicial y en las cuales se busca llegar a conciliaciones en conflictos menores para evitar que esos casos lleguen a un juicio formal. Actualmente, los Centros de Mediación funcionan solo en Montevideo y cuentan con cinco locales.

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, explicó que la Corporación pretende extender la experiencia de los Centros de Mediación a todos los departamentos en virtud de la "buena experiencia que se ha generado, y que ha derivado en porcentajes más que importantes de acuerdo". La idea es abrir las nuevas oficinas de forma gradual, para que eso no implique una carga en el presupuesto, ya que se requiere crear los cargos técnicos (asistentes sociales, abogados, escribanos, funcionarios judiciales) que desarrollan la tarea.


 

PROYECTO DE LEY PREVE DIVULGAR NOMBRES DE MEDICOS INHABILITADOS POR MALA PRAXIS Y PLAZO SANCION: El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que establece la obligación de publicar los nombres de los médicos inhabilitados por mala praxis y el plazo de la sanción. Además de publicar "por medios fehacientes de divulgación pública" los nombres de los profesionales de la salud que son inhabilitados para el ejercicio de su actividad, el proyecto de ley incluye la obligación de imponer "medidas educativas" para que el denunciado "complete su formación o actualice sus conocimientos". Tal posibilidad será evaluada por la Comisión Honoraria de Salud Pública "según la edad y la experiencia del profesional sancionado, así como de las circunstancias que rodearon los hechos por los cuáles se le responsabiliza".

Estas y otras iniciativas están expresadas en un proyecto que tiene como principal objetivo actualizar los cometidos de la Comisión de Salud Publica que está regida por la Ley 9.209 aprobada en el año 1934 y que actualmente tiene la potestad de sancionar e inhabilitar a los médicos. El proyecto propone una Comisión de Salud que estará integrada por 15 miembros designados por el Poder Ejecutivo. La principal competencia de la Comisión de Salud será juzgar la conducta de los profesionales de la salud "cuando en el ejercicio de su profesión se aparten del cumplimiento de las normas jurídicas y pautas técnicas que le son aplicables". Las sanciones van desde la observación, la amonestación y la suspensión de la habilitación para el ejercicio de la profesión que podrá ser total o parcial.

    

    EJECUTIVO ENVIA PROYECTO PARA ACLARAR Y AJUSTAR REGIMEN CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS DEL BCU: El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley, para "clarificar y ajustar el régimen legal vigente" que regula la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), que contiene información de unos 540.000 deudores del sistema financiero en la web de la autoridad monetaria.

El proyecto establece que "los datos personales relativos a personas físicas podrán permanecer inscriptos" en dicha central por un "plazo máximo de 15 años contados a partir del vencimiento de la operación". Otro de los artículos del proyecto establece que "las personas físicas y jurídicas" del sistema financiero que "suministren la información" contenida en la central, "serán las únicas responsables por la veracidad y actualización de la misma".

Uno de los aspectos que más polémica generó cuando se publicó la central está referido a si no se vulnera la privacidad de las personas que tienen créditos en el sistema financiero y si era legal publicarlos. El artículo 3° -de los cinco que contiene la iniciativa legal- afirma que "el tratamiento de datos personales en la Central de Riesgos (...) no requerirá del previo consentimiento del titular".

Algunos juristas y directivos de cámaras empresariales contrarios a la divulgación de esta central, argumentaban que la misma iba en contra de la Ley de Habeas Data que brinda protección a los datos personales. Por su parte, el presidente del BCU, Mario Bergara, había señalado que la publicación de la central de datos es legal y contribuye a una mayor transparencia.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que el proyecto "tiene por objeto establecer el marco jurídico claro y necesario, para garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal". Agrega que "transparencia, privacidad y control son paradigmas perfectamente conciliables en teoría y práctica".