PROYECTO DE LEY PARA FORMALIZAR SERVICIO DOMESTICO: Un proyecto de ley aspira a dar cobertura de salud y pago de aportes al BPS para más de 60.000 trabajadoras domésticas. La iniciativa prevé que los empleadores puedan deducir IRFP como estímulo. En el servicio doméstico "casi el 60% es trabajo informal", por lo cual con este proyecto de ley se trata de estimular la inclusión de las domésticas y otras ocupaciones en los registros del BPS. El proyecto indica que la formalización permitirá al patrón deducir del IRPF el costo laboral de la contratación de personas que trabajan en estas profesiones.
ANTECEDENTES DE MENORES. SIGUE EL DEBATE: Continúa el debate en la interna del Frente Amplio respecto de las iniciativas a adoptar para atender la situación de la minoridad infractora. Las leyes que por un acuerdo político multipartidario debe aprobar el Parlamento antes del 31 de mayo son tres: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), tipificando como punible la tentativa de hurto y el cambio del plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en el caso de los menores infractores, y un tercer proyecto de ley que también modifica el Código de la Niñez en su artículo 22 y refiere al mantenimiento de los antecedentes de los infractores para los delitos calificados por el Código como gravísimos, que son: homicidio, secuestro, copamiento, rapiña y violación.
SE DEFINE REGLAMENTACION QUE GRAVA IRPF EN EL EXTERIOR: En la reglamentación de la ley que grava con el IRPF a la renta por los activos que los residentes tengan en el exterior, se incluirá "algunos agentes de retención" del tributo como "bancos, corredores de bolsa" y otros "administradores de inversión en el exterior". La ley que grava con el IRPF a una tasa de 12% los rendimientos por depósitos, créditos o en toda colocación de capital, rige desde el 1° de enero pero aún no fue reglamentada.
En la ley ya se establece que "se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial cuando el director general de Rentas, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la DGI y respecto de obligaciones tributarias no prescriptas, solicite en forma expresa y fundada ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil, toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas". Los pasos previos al pedido del director general de Rentas son los que se reglamentarán.
CRIMEN ORGANIZADO. FISCAL SOLICITA REGLAMENTAR COLABORACION POR PARTE DE LAS DISTINTAS OFICINAS ESTATALES: Los fiscales especializados en crimen organizado plantearon en el Parlamento la idea de establecer, a través de una ley, una norma que "obligue a los jerarcas del Estado a prestar su asesoramiento" en las investigaciones judiciales. El fiscal Perciballe explicó que en las investigaciones que se realizan en las sedes es habitual contar con asesoramiento de técnicos de dependencias estatales como la DGI, Aduanas y los bancos oficiales, que se suman a las unidades policiales y de Inteligencia que normalmente actúan en las indagatorias. Eso ocurre en función de un protocolo de actuación que se aplica en los juzgados de crimen organizado, de forma que expertos estatales en distintas áreas puedan actuar como peritos e, incluso, participar en los interrogatorios.
El fiscal dijo que si bien "hasta ahora" ha existido "la mayor de las colaboraciones" de parte de los jerarcas públicos, en el futuro puede ocurrir que un director se niegue a prestar personal de su unidad para que actúe en una investigación judicial. Incluso, Perciballe presentó dos proyectos concretos elaborados con su colega Ferrero. Uno de ellos establece que "todos los organismos del Estado se encuentran obligados a brindar el asesoramiento" que requieran los juzgados especializados en crimen organizado. La segunda iniciativa prevé la misma obligación pero para "las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
Perciballe reclamó que se revea la competencia de los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado ya que actualmente es "muy amplia". "Si estamos tapados de papeles y de investigaciones que podría llevar adelante el fuero penal común, empezamos a perder credibilidad, terreno y empezamos a perder en la lucha contra el crimen organizado, función que todos querían que cumpliéramos".
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